El Gobierno estudia aprobar este viernes un decreto ley para facilitar que las empresas que quieran trasladar su domicilio social puedan realizarlo sin necesidad de que la decisión requiera la aprobación de la junta general de accionistas de la compañía, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la norma.

La nueva norma sería aprobada tras comenzar esta semana la salida de grandes empresas de Cataluña ante el temor de que se declare la independencia. De hecho, esa entidad ya ha convocado para este viernes una junta extraordinaria para analizar el tema.

Tan solo este jueves, el Banco Sabadell, Eurona y Proclinic han anunciado el cambio de sus sedes sociales fuera de la comunidad autónoma.

El decreto facilitaría el cambio de sede a compañías como Caixabank, ya que sus estatutos no permiten el cambio de domicilio social solo con un acuerdo del consejo de administración, sino que precisa del visto bueno de los accionistas.

Otras compañías y entidades no obligan en cambio a este requisito, como es el caso de Banco Sabadell, cuyo consejo de administración ha aprobado este mismo jueves en una reunión extraordinaria el traslado del domicilio social de la entidad a Alicante ante la incertidumbre política y económica que ha originado la celebración del referéndum ilegal en Cataluña el pasado domingo.

En concreto, la medida que podría estudiar el Consejo de Ministros supondría una modificación de la disposición de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada en 2015, que establece que "el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional", salvo disposición contraria de los estatutos.

Con la nueva modificación se eliminaría la salvedad de los estatutos, de forma que se facilitaría que las empresas puedan cambiar su domicilio social sin necesidad de pasar por la junta de accionistas, según informaron las mismas fuentes.

La medida sería estudiada en el Consejo de Ministros de este viernes. Fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad declinaron hacer comentarios al respecto, al igual que fuentes de Caixabank.

En el caso de Caixabank, el requisito de que la decisión del cambio de sede tenga que pasar por la junta de accionistas se recoge en artículo 4.2 de los estatutos sociales de la entidad, que fija que "domicilio social podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo término municipal por acuerdo del consejo de administración. Para proceder a su traslado a un término municipal distinto se precisará el acuerdo de la junta general de accionistas".

Dentro del Ibex 35, empresas como Gas Natural Fenosa, Abertis, Cellnex o Colonial, además de la propia Caixabank, tienen su sede social en Cataluña. Asimismo, otras cotizadas como FCC, Borges, Dogi o Ercros cuentan con su domilicio social en territorio catalán.

En los últimos días varias empresas han anunciado el traslado de su sede social, como es el caso de Oryzon, que cambia su domicilio social de Cornellà de Llobregat (Barcelona) a Madrid, o de otras empresas como Eurona o Proclinic Expert. No obstante, las deslocalizaciones se llevan produciendo desde hace varios meses, como en el caso de Naturhouse, Grifols o Derby Hotels.

"Castigo" a la economía catalana

Por su parte, el gobierno catalán ha acusado al Gobierno español de querer "castigar a la economía catalana" con el decreto que prevé aprobar.

En varios mensajes a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, ha asegurado que la decisión del Gobierno implica que el Ejecutivo español "ve la independencia de Cataluña cerca" y que "quieren castigar la economía catalana", y ha añadido que todo ello es de una "irresponsabilidad total".

Por su parte, fuentes del departamento de Economía de la Generalitat han asegurado a Efe que el Govern continuará "trabajando con los bancos, tengan donde tengan la sede social".

El Govern considera que la decisión del Sabadell y Caixabank en la práctica tienen un impacto económico mínimo.