La esposa estaba citada este martes en la segunda sesión del juicio que ve la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria y que se desarrolla con tribunal de jurado al tratarse de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Su declaración había sido solicitada tanto por el fiscal como por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Cantabria, que ejerce la acusación particular.

El acusado, en su declaración de ayer, aseguró que su mujer poseía el título de transportista, tenía los conocimientos necesarios para regentar una empresa de este sector y que era ella quien directamente gestionaba todo. Esto no ha sido ratificado por la mujer ni en la investigación interna ni en la instrucción judicial ni hoy en el juicio, en el que se ha acogido a su derecho a no declarar contra su marido en esta causa, en la que el fiscal pide dos años de prisión, una multa de 3.240 euros y la inhabilitación para empleo público durante seis años, misma condena que solicita AUGC aunque con multa de 9.000 euros.

En la sesión, han declarado todos los testigos propuestos por las acusaciones, mientras que mañana, 28 de febrero, a partir de las 10.00 horas, serán los testigos propuestos por la defensa, el jueves, 1 de marzo, se dedicará a las conclusiones, y el viernes, día 2, a la deliberación del jurado, que está ejerciendo activamente su papel en este juicio formulando multitud de preguntas a través del presidente del tribunal, el magistrado Agustín Alonso.

Los primeros en deponer han sido los agentes de Madrid a quienes se encargó trasladarse a Cantabria para investigar una "trama" en la agrupación de Tráfico en torno a la circulación de transportes especiales sin autorización tras haberse recibido un "anónimo" en el que se apuntaba a "a ciertas personas e irregularidades" por las que podría haber una "responsabilidad criminal".

Se investigaron dos transportes llevados a cabo en mayo y junio de 2014 por la empresa MHE, propiedad de la mujer del guardia acusado, en los que, según han apuntado, se produjeron irregularidades y se desarrollaron cuando el agente estaba a cargo del Centro Operativo de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria (COTA).

El hecho de que el acusado estuviese en el COTA "siempre que se producían esas irregularidades" es lo que hizo que apuntasen a su implicación porque, desde su labor como encargado del centro, "sabía" donde estaban "todas las patrullas en todo momento" y además tenía la misión de "mover y ordenar" a los agentes en sus horas de servicio. "Desde ahí, es los ojos del Subsector de Tráfico", han afirmado.

"EL JEFE" VA EN EL COCHE PILOTO

Sobre las irregularidades, han apuntado que, en el caso del transporte de mayo de 2014, se manda a una patrulla de Santander a que dé cobertura en la demarcación de Laredo y, por el camino, se encuentran con un transporte especial y, al detenerlo, reciben una llamada del COTA para indicarles que continúen con el servicio, que todo está correcto y que "el jefe" va en el coche piloto.

Los dos agentes de la patrulla han señalado en la vista que tanto el conductor del camión como el responsable del COTA ese día, que era el acusado, les dijeron que "el comandante" iba en el coche piloto. Han indicado que el procesado llamó al teléfono móvil de uno de los agentes y no por la emisora y que le confirmó que "el comandante" iba en el coche y que "luego nos daría explicaciones".

Algo que han confirmado que "nunca" ocurrió y, cuestionados sobre el porqué no requirieron esas explicaciones, han indicado que, al tratarse la Guardia Civil de un "cuerpo militar muy jerarquizado", debían pedir permiso a todos los jefes superiores para poder dirigirse al comandante. Además, no apuntaron nada en la hoja de servicio porque no se plantearon que hubiese "ninguna irregularidad" porque, al decirles que estaba el comandante, entendieron que "todo estaba bien".

En cuanto a la existencia o no de autorización para la circulación de este vehículo, la defensa ha preguntado a los investigadores, que dicen que no constaba en el programa TRAZA en el que se registran ninguna de MHE, pero ha pedido que se les muestre una autorización a la empresa Cepelludo y que fue quien cedió el transporte a la empresa de la mujer del acusado y han confirmado que "no" lo pidieron a Cepelludo.

Sobre el segundo transporte investigado, efectuado en junio de 2014, los guardias que realizaron la investigación han afirmado que el acusado llamó a una patrulla para que realizase el acompañamiento de un transporte especial de Heras a Santander y que, como en el anterior, llevaba una pieza para la construcción del Centro Botín.

La patrulla que intervino ha relatado que recibieron una llamada desde el COTA para facilitar la incorporación a la carretera de un transporte especial que no requería de acompañamiento, algo que es "habitual". Lo de realizar el acompañamiento del transporte de Heras a Santander "lo decidimos (ellos) porque íbamos en la misma dirección" pero no porque se lo encomendasen desde la central.

"TODOS TRATABAN DIRECTAMENTE CON ÉL"

Los investigadores también se han referido a las "quejas de empresarios" sobre que la empresa de la mujer del acusado realizase transportes especiales en plazos inferiores al resto y han asegurado que los transportistas clientes de MHE con los que hablaron en el marco de la investigación "todos decían que trataban directamente con él (el acusado) y no con su mujer".

Sobre esto, solo han declarado representantes de dos empresas, una de transportes y otra de mecanizados. La segunda solicitó a la primera presupuesto para realizar dos transportes y le apremió a que necesitaba hacerlos cuanto antes ante lo que le avisaron de que, al requerir autorización y acompañamiento de Tráfico, se tardaría unos días. Finalmente, de los dos transportes, la empresa de mecanizados solo contrató uno porque el otro se lo realizaba "ya" otro transportista.

El gerente de la empresa de transportes ha relatado la extrañeza que esto le suscitó ya que él no podía hacerlo antes para cumplir con una serie de plazos normativos y no entendía que otra empresa sí pudiese y antes y, ante ello, preguntó a un conocido que tenía en la empresa de mecanizados y le confirmó que "la empresa del guardia civil".

Sin embargo, el encargado de la empresa de mecanizados ha asegurado en la vista que contrató el primer transporte con MHE porque "salía mejor de precio" y el segundo, como ésta no lo podía hacer, pues se lo encargó a la otra.

Por otro lado, los investigadores también han indicado que testigos afirmaron que en ocasiones habían visto al agente acusado conduciendo el coche piloto de los transportes que realizaba la empresa de su mujer, un extremo sobre el que ha depuesto un único testigo que sí ha dicho que le "ha visto por ahí haciendo de coche piloto" pero cuyo testimonio ha sido rechazado por la defensa porque "solo declara contra él porque le ha puesto muchas multas".

Dentro de la investigación interna desarrollada, también se analizó el patrimonio del matrimonio y, según los agentes investigadores, tenían "unos ingresos bastante altos" que no se podían corresponder con los sueldos de ambos y que consideraron que se estaban obteniendo con "los beneficios del transporte", no obstante, a preguntas de la defensa, han confirmado que no analizaron las cuentas de la empresa.