Desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) del Ejecutivo han considerado en un comunicado que a la líder del PP "debería darle vergüenza" hablar del supuesto deterioro actual del sistema a la persona cuyas decisiones llevaron, durante la pasada legislatura, a la reducción de las prestaciones, al aumento de copagos a los usuarios o a la reducción del personal de atención directa en los centros".

"María José Sáenz de Buruaga cuando estuvo al frente de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma ocasionó un grave perjuicio a la calidad asistencial y la expulsión de centenares de usuarios del sistema ante la imposibilidad de afrontar sus copagos", han indicado.

En su opinión, la actual presidenta de PP "no solo miente" en sus afirmaciones de hoy, sino que "utiliza y retuerce los datos", que son públicos y que se pueden contrastar en la página web del ICASS. Así, según ha detallado el Gobierno en el comunicado, en esta legislatura se ha incrementado el número de personas beneficiarias en un 11,96 por ciento, pasando de 13.490 en julio de 2015 a 15.103 en diciembre de 2017.

Respecto de las prestaciones, ha añadido, se ha pasado de 14.725 en julio de 2015 a 16.666 en diciembre de 2017, lo que significa un aumento 13,18 por ciento. "Como dato de referencia, en la etapa de Sáenz de Buruaga como consejera del ramo los beneficiarios se redujeron en un 19,91 por ciento", ha apostillado.

En la misma línea, desde el Gobierno han insistido que "la inversión presupuestaria se ha incrementado en esta legislatura con el objetivo de recuperar las cantidades de 2011 y en 2017 se han alcanzado ya los 61,5 millones invertidos".

Por el contrario, en la anterior legislatura, la entonces consejera Sáenz de Buruaga, "no solo redujo la inversión, sino que, además, no gastaba lo presupuestado para ocultar sus recortes".Como ejemplo, han citado que en 2011 el Gobierno PSOE-PRC destinó 65,5 millones de euros a residencias y centros de día, y en sólo tres años, la Consejería gestionada por el PP lo redujo a 55 millones.

Por todo ello, el Gobierno de Cantabria ha reprochado a Buruaga su "cinismo" para hacer oposición con los mismos "viejos artificios y trucos presupuestarios con los que intentaron esconder los recortes a los ciudadanos".

Para concluir, el Ejecutivo ha aclarado que de las 5.000 personas dependientes que no reciben prestación, 2.930 están en situación de desistimiento o renuncia del servicio, es decir, que han decidido no aceptar ninguno de los recursos que el ICASS les ha ofrecido. Y el resto están, o bien están situación de tramitación del expediente (1.255 usuarios), o bien en lista de espera del recurso que han elegido (673 a fecha 31 de diciembre 2017).