El anteproyecto de ley del suelo del Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE)

acota y fija en dos años el periodo transitorio en que se podrá construir vivienda unifamiliar en suelo rústico sin plan especial, una medida que el anterior Ejecutivo del PP introdujo en la pasa legislatura, y posibilita que los ayuntamientos instauren una tasa municipal que gravará la ejecución de este tipo de construcciones.

Esta tasa municipal se pagará una vez, en el momento en que se solicite al Ayuntamiento la licencia para ejecutar la vivienda y su cuantía oscilará entre el 3% y el 5% del presupuesto de obra.

Cada ayuntamiento tendrá que regular esta nueva tasa en sus ordenanzas fiscales y establecer qué porcentaje, dentro del tramo establecido, cobra.

Esta tasa es una especie de "compensación" por el coste que supone llevar los servicios hasta este tipo de construcciones.

Se trata de que el ayuntamiento tenga, gracias a la recaudación de esta tasa, una "caja" de recursos que sirva de "apoyo" para el coste que le supone llevar los servicios a este tipo de construcciones.

Así lo han dado a conocer este miércoles, en rueda de prensa, la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, y el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, que han informado sobre los detalles del anteproyecto, que aún tardará como mínimo un mes en llegar al Consejo de Gobierno para su aprobación y su posterior remisión al Parlamento regional.

NOVEDADES

En relación a la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, han defendido la necesidad de que se lleve a cabo de un modo "ordenado" y contando para ello con planes especiales, razón por la que, según han explicado, ha quedado limitado el periodo transitorio por el que se permitía ejecutar este tipo de edificaciones sin necesidad de ello.

De esta forma, este periodo transitorio será de dos años, mientras que en la reforma de la ley del suelo llevada a cabo en 2012 por el PP era por tiempo indefinido.

González Buendía ha explicado que, al mismo tiempo que se limita este tiempo transitorio, en esta norma el Gobierno facilita la elaboración de los planes especiales en suelo no urbanizable, con medidas de fomento por parte de la comunidad autónoma, al tiempo que se simplifican los trámites para su aprobación.

Así, el Gobierno dará apoyo técnico incluso económico, si es posible, para la elaboración de estos planes que ahora solo requerirán una aprobación inicial, trámite de información pública y aprobación definitiva en la CROTU.

Otras novedades de la nueva ley del suelo, que ya se contemplaban en el borrador, son la creación de un Registro Público de Planeamiento y Gestión Urbanística de Cantabria, que recogerá los instrumentos y planes de ordenación del territorio y gestión urbanística que se aprueben dentro de la comunidad, con lo que, según Díaz Tezanos, se "potencia" la transparencia en el urbanismo.

También se crean en esta norma las cédulas y los certificados urbanísticos, a través de los que los ayuntamientos informarán sobre las circunstancias urbanísticas de las fincas del municipio o de edificio.

En el anteproyecto se unifica, además, el régimen jurídico del suelo urbano, sin distinguir entre consolidado y no consolidado; se centraliza en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) la petición de informes sectoriales autonómicos en la elaboración del planeamiento.

Además, en materia de ordenación del territorio se procede a una regulación más detallada de los denominados Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) y se procede a una desclasificación automática del suelo urbanizable una vez transcurridos los plazos para proceder a su urbanización.

También se admite la posibilidad de que en el suelo urbanizable productivo se autorice previamente a la ejecución del sector alguna instalación compatible, garantizando la participación en el proceso de equidistribución.

Se procede también en esta nueva ley a una "mayor flexibilización" de los distintos instrumentos de planeamiento y así los planes parciales, planes especiales o estudios de detalle podrán en determinados casos modificar el Plan General y se introducen medidas para la eficiencia energética o para la accesibilidad que ya figuran en la legislación estatal y no contemplaba la norma de 2001.

Por otra parte, se fija en la cantidad de 5.000 personas el límite para el pequeño municipio, se modifica la concepción del avance del PGOU para dejarlo como un sencillo documento; se simplifican los trámites necesarios para la aprobación de los distintos instrumentos urbanísticos, y se introducen las normas urbanísticas transitorias en caso de anulación del planeamiento, como es el caso de Santander, Cabezón de la Sal o Laredo, o por causa de interés público.

Y, en el suelo no urbanizable se procede a una regulación detallada de los usos mineros en el subsuelo.

LOS BENEFICIOS DE LA NUEVA LEY

Díaz Tezanos ha vuelto a defender que la nueva ley dará más seguridad jurídica al urbanismo de Cantabria; favorecerá las actividades económicas y el empleo así como la rehabilitación de edificios y regeneración urbana, y la ocupación del suelo de "forma prudente", favoreciendo nucleos más "compactos" y frenando una "dispersión" que, según ha recordado, encarece la prestación de servicios.

Ha señalado que el Gobierno quiere que esta norma se convierta en un "instrumento" que ayude a la comunidad a "salir de la crisis y que se adapte a la situación real del urbanismo" que hay en ella.

"Consideramos

que el urbanismo es una función pública muy importante, que debe favorecer el acceso a la vivienda, la recuperación del patrimonio, los crecimientos compactos, poner límite a la dispersión de los asentamientos rurales y ofrecer a los municipios pequeños planeamientos más sencillos que los actuales", ha afirmado.

UN PROCESO "LARGO" PERO CON LA "MÁXIMA PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA"

En la rueda de prensa, Díaz Tezanos ha explicado que la elaboración de la nueva ley del suelo ha sido un "proceso largo" pero el que se "ha intentado" dar la "máxima participación y transparencia".

Asú, ha explicado que se comenzó a elaborar en octubre de 2015 sobre los pilares de la ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo (ley del suelo) de 2001, sobre el texto que elaboró el anterior Gobierno, y las propias novedades que ha aportado el equipo de trabajo de la Consejería.

A partir de ahí se abrió un proceso de participación tanto para elaborar tanto el borrador como el anteproyecto.

Las alegaciones al anteproyecto se recogido hasta el pasado 2 de febrero, entre ellas las registradas por 14 ayuntamientos, entre otros organismos y agentes públicos y privados así como particulares, asumiéndose en torno al 85% de las alegaciones planteadas.

Ahora el anteproyecto está en las secretarias generales de las Consejerías que elaborarán sus respectivos informes, posteriormente será sometido a los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria y se presentará en las reuniones de la COTU, del CAMAC (Consejo Asesor de Medio Ambiente dependiente del CIMA) y en la Mesa del Diálogo Social de Política Territorial.

Posteriormente se someterá a aprobación

en Consejo de Gobierno y se remitirá al Parlamento de Cantabria para su aprobación.