El pasado día 21 de marzo, el lazo amarillo desapareció del balcón del Palau de la Generalitat y fue sustituido por un lazo blanco junto al mismo lema: "Llibertat presos polítics i exiliats (Libertad presos políticos y exiliados)". Pero la maquinaria puesta en marcha por la Junta Electoral Central (JEC) ha seguido su curso desde que el pasado 11 de marzo instara al president catalán, Quim Torra, a retirar los símbolos alusivos a los políticos presos de edificios públicos por estar en periodo electoral yratificara su exigencia el pasado día 18 de marzo.

Todo ello ha desembocado en la querella por un delito de desobediencia (tipificado en el artículo 410 del Código Penal) presentada este miércoles contra el president por la Fiscalía Superior de Cataluña en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña(TSJC).

Le acusa de hacer oídos sordos a la orden emitida por la JEC para que retirase los lazos amarillos y las pancartas alusivas a los juzgados por el procés de los edificios públicos de la Generalitat. A su vez, Torra anunciaba este mismo miércoles que interpondría una querella por prevaricación contra la JEC. El cruce de querellas estaba servido.

El president apoya su denuncia en el hecho de que no ha podido cometer un delito de desobediencia mientras no se haya resuelto la solicitud de medidas cautelares, y aseguró que el movimiento de la Fiscalía catalana responde a que "la represión no se detiene", a que "persiste la persecución política" y a que España "es incapaz de tolerar la discrepancia política".

La defensa de Torra alega, además, que el contenido de las resoluciones de la autoridad electoral "se modifica en cada una de ellas, rompiendo la regla de exhaustividad que es necesaria en aquellos supuestos en los que, como aquí, se limitan los derechos fundamentales". Habla directamente de "persecución política en toda regla".

Por su parte, el escrito firmado por el fiscal superior, Francisco Bañeres, expone que Torra procedió "consciente y deliberadamente" a desatender el requerimiento de la JEC manteniendo los lazos, aunque fuera de "manera encubierta a través de carteles, imágenes, fotografías, figuras y simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista", representativa "únicamente de una parte de la sociedad".

Incide la querella en el hecho de que los pronunciamientos de la JEC se refirieron "con claridad a todo tipo de simbología ideológica y/o partidista, aún cuando se focalicen inicialmente en lazos amarillos y en banderas esteladas".

Ante lo relatado, la Fiscalía considera que lo acontecido es constitutivo de un delito de desobediencia cometido por una autoridad. Se trata de una infracción de tipo penal que puede suponer una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa. La sala de admisión del Alto Tribunal catalán deberá decidir en los próximos días si admite o no la querella.

La JEC, por su parte, anunció la apertura de un expediente sancionador a Torra por no haber cumplido sus mandatos, que podría comportar una multa de entre 300 y 3.000 euros.

Quim Torra sí que podrá conservar en la fachada del Palau de la Generalitat la nueva pancarta que luce desde el día 22 de marzo (solo 24 horas después de haber cambiado el lazo amarillo por el blanco). Este cartel, sin lazos, reza: "Llibertat d’opinió i d’expressió (Libertad de opinión y de expresión)", aludiendo al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Junta Electoral Central (JEC) decidió este miércoles por la tarde permitir que esa pancarta permanezca visible durante el periodo previo al 28-A.