EUROPA PRESS El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido 360 dictámenes en lo que va de año, de entre los que destacan los derivados de reclamaciones sanitarias, que de manera especial se concentran en la provincia de León. El Consejo Consultivo de Castilla y León ha emitido 360 dictámenes en lo que va de año, de entre los que destacan los derivados de reclamaciones sanitarias, que de manera especial se concentran en la provincia de León.
Como resultado de este tipo de reclamaciones se han emitido ya en el ámbito de toda la Comunidad 108 dictámenes, 40 de ellos por asuntos iniciados en la provincia leonesa, el doble que por cualquiera de los otros supuestos más habituales como pueden ser los daños generados por los distintos servicios municipales, los daños producidos por el mobiliario urbano o los accidentes por la irrupción de animales en las carreteras.
La suma de las cuantías solicitadas por todos los dictámenes de responsabilidad patrimonial despachados en lo que va de año supera los 19 millones de euros, y ello es consecuencia de algunas reclamaciones sanitarias que han sido objeto de dictamen en las últimas semanas, cifradas en algún caso concreto en 1,5 millones de euros.
Según ha explicado el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, las reclamaciones sanitarias son muy variadas y van desde los retrasos provocados por las listas de espera hasta los diagnósticos equivocados. Al respecto, ha señalado que la medicina no es una ciencia absoluta y nadie puede garantizar la salud de otro en términos absolutos.
Al ser preguntado por dos casos concretos registrados en la provincia de León que terminaron en el fallecimiento del paciente, ha manifestado que si se cursa una reclamación, el Consultivo tendrá que emitir un dictamen.
Sobre este asunto también se ha pronunciado el Procurador del Común, Javier Amoedo, quien ha precisado que en los casos de fallecimiento de enfermos que han acudido a los tribunales el Procurador del Común y el Consejo Consultivo no pueden intervenir por incompatibilidad de su función con la judicial.
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Resoluciones del tribunal
El Consejo Consultivo de Castilla y León se ha desplazado este jueves hasta León para celebrar en la sede del Procurador del Común las reuniones de sus dos secciones. Se ha reunido asimismo el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, integrado por los miembros del Consejo Consultivo, que en lo que va de año ha aprobado 24 resoluciones, a las que se suman las 31 de 2012.
Este Tribunal inició su actividad a finales de marzo de 2012 y su trabajo fue encomendado por la Junta a los consejeros electivos Consultivo, sin incremento de gasto publico.
Esta es la primera vez en la que el Consejo Consultivo y el Tribunal Recursos, ambos presididos por Mario Amilivia, se reúnen en la nueva sede del Procurador del Común para el estudio y, en su caso, aprobación de dictámenes en el primer caso, y resoluciones y adopción de acuerdos en el segundo caso.
Convenio con el procurador
La jornada de este jueves se enmarca, además, en el convenio de colaboración suscrito por el Procurador del Común y el Consejo Consultivo el pasado 13 de noviembre de 2012, en virtud del cual ambas instituciones pueden utilizar sus respectivas sedes para la celebración de reuniones, en un afán de acercamiento tanto a las administraciones como a los castellanos y leoneses.
El Consejo Consultivo ha estudiado y, en su caso, dictaminado durante la reunión mantenida 24 asuntos, 22 de los cuales se trataban de consultas sobre responsabilidad patrimonial por el normal o anormal funcionamiento de los servicios de las administraciones públicas y seis de ellos derivaron de reclamaciones iniciadas en la provincia leonesa, en cinco de los casos por supuestas deficiencias en la prestación de las asistencias sanitarias y en uno por los daños causados por un bolardo a un particular en La Bañeza.
Además, han ido a dictamen dos Proyectos de Decreto del Gobierno de la Comunidad, uno por el que se modifica el Decreto 67/2011, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, y otro por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.
Con los dictámenes de hoy, la provincia de León concentra 3.047 en el registro histórico del Consejo Consultivo. Según ha explicado Amilivia, desde el año 2003, en que se inició la actividad consultiva en Castilla y León, esta provincia ha generado el 27 por ciento del total de dictámenes emitidos.
Memoria de 2012
El Consejo Consultivo, que sustituye y cumple con las funciones del Consejo de Estado en Castilla y León, cerró el año 2012 con un total de 165 dictámenes aprobados correspondientes a consultas de la provincia de León, un 17,3 por ciento del total, lo que supone 956 dictámenes.
Casi todos ellos fueron por consultas de responsabilidad patrimonial, en concreto 153, mientras que siete fueron por contratación administrativa y otros cinco, por asuntos sobre revisión de oficio de los actos administrativos.
León, que es históricamente la primera provincia en cuanto al número de dictámenes, concentra uno de cada tres emitidos. Los 956 aprobados en 2012 supusieron el 8,6 por ciento de todas las consultas dictaminadas desde el inicio de la función consultiva en la Comunidad, en 2003, hasta la actualidad y de esos 956, el 87 por ciento derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial.
A nivel general, con el establecimiento de la cuantía mínima de 1.000 euros para el dictamen preceptivo de las consultas sobre responsabilidad patrimonial, han dejado de emitirse casi en su totalidad los dictámenes del ámbito escolar y los iniciados por los daños del oso pardo, supuestos que se dan principalmente en El Bierzo y Laciana (León).
También ha descendido el número de dictámenes sobre daños por el mal estado de las calzadas y otros vinculados con el funcionamiento de los servicios urbanos. Por el contrario, se aprecia un importante incremento de otros supuestos como el de las reclamaciones de índole sanitaria.
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