El 1 de octubre ha sido un día triste para Cataluña y España. Las cargas policiales y los centenares de heridos quedarán ya en la historia de nuestro país. El Govern llevó el pulso al extremo al mantener un referéndum que el Tribunal Constitucional declaró ilegal. Sabían que habría cientos de miles de catalanes que acudirían a la consulta, aunque no tuviera garantías, y que era probable que hubiera altercados. Sabían que las imágenes de la probable represión policial a quien perjudicaría era al Estado español.

Aunque tenga la razón legal, hay un problema político por resolver y el Gobierno de Rajoy está obligado a intentar buscar un pacto con el Ejecutivo catalán. El resto de partidos constitucionalistas deben trabajar también en esa dirección. Será muy difícil porque las posturas están enconadas, pero deben intentarlo. El Govern debe dejar de amenazar con declarar la independencia, salvo que lo que pretenda es forzar a Rajoy a suspender la autonomía catalana. Puigdemont no debe seguir ignorando a la media Cataluña que rechaza la independencia. Ambas partes han de buscar ya un acuerdo por la convivencia. Seguir con la senda del enfrentamiento sería una irresponsabilidad que no merecen ni Cataluña ni España.