El veredicto popular es que a ella la han absuelto por ser infanta y a él le han condenado a la tercera parte de lo que pedía el fiscal por ser el marido de la infanta. Las ansias justicieras que conmueven a la mayoría de la gente en los casos de corrupción son directamente proporcionales a la alcurnia o poderío económico y social de los acusados; su frustración es por tanto inversamente proporcional a la duración de las penas impuestas. Seis años de prisión parecen poco a ciudadanos que, si supieran lo que es la cárcel, ofrecerían todos sus bienes si fuera necesario para no pasar tan solo seis días dentro de ella. Muchos de los que se quejan de la levedad de la sentencia no sabrían explicar los delitos imputados en el juicio del caso Nóos, más allá del consabido "se lo han llevado crudo", que es la fórmula vulgar para expresar esa auténtica presunción de culpabilidad contra cualquier personaje público acusado de corrupción.
La reacción de los dos promotores oficiales de este proceso frente a la resolución del mismo recoge el eco de esa frustración popular. El juez Castro ha dicho que no se esperaba esa sentencia. El fiscal Horrach anuncia que va a pedir la prisión preventiva eludible con fianza para los dos principales condenados, petición que no se justifica de ninguna de las maneras; los dos han mantenido una actitud de absoluto sometimiento a la justicia durante todo el largo procedimiento. Por otra parte, cualquier intento de fuga ahora sería tan absurdo como efímero: ¿hay algún rincón del mundo donde Urdangarin pasaría desapercibido? Juez y fiscal deberían esperar a lo que finalmente diga el Tribunal Supremo. Y, después, permanecer callados mientras se ejecuta la sentencia definitiva.
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