Lo que le dio la puntilla a Felipe González en los años 90 no fue la corrupción: fue que él y sus ministros perdieron los papeles frente a la corrupción. Primero dejaron pasar un tiempo interminable en el que se limitaron a negar la mayor, a decir que se enteraban por la prensa, que eran víctimas de campañas, que eran casos aislados, que había que esperar a ver qué decían los jueces… esas cosas, en fin, que dicen siempre los políticos cuando se ven con las vergüenzas al aire y que, por regla general, incluyen el intento de matar al mensajero. En la segunda fase de la enfermedad, en lugar de coger el toro por los cuernos de la transparencia empezaron a hacer cosas raras, a dar palos de ciego, a dispararse tiros en el pie: desde el fichaje del juez Garzón como una especie de supermán gubernativo frente a los corruptos (enseguida se vio que era solo un golpe de efecto, que terminó con la espantada del juez) hasta la fantástica persecución por el ancho mundo  de Luis Roldán, patrón de los corruptos noventeros, que completó con una ristra de mentiras gubernamentales la ristra de latrocinios. Resumiendo: que no supieron evaluar correctamente el problema y no supieron darle la respuesta adecuada. Quién sabe. Tal vez un instinto básico empuja a los políticos a defender con uñas  y dientes a sus compañeros de partido por un sentido de la lealtad peligrosamente parecido al de las familias de Coppola; quizá los ven como accionistas de la propia empresa, cuyos intereses conviene proteger para no poner en peligro los propios.

La historia se repite, como acaba de confirmar El Soriazo. Aquí alguien ha perdido el sentido de la medida o el sentido de la realidad o todos los sentidos a la vez. Puede incluso que alguno esté aplicando -es la hipótesis más escatológica, pero no la más alocada- la vieja filosofía de “para lo que me queda en el convento...” El caso es que en el Gobierno se han tomado decisiones extravagantes sin evaluar sus consecuencias, que son serias: si había pocas posibilidades de que se cerrará un pacto parlamentario en las próximas semanas, ahora ya casi no queda ninguna; el episodio ha dado renovados argumentos a quienes en el PSOE mantienen que “al enemigo, ni agua”.

El Soriazo es un buen test para ver si hemos aprendido algo en estos años. Pone a prueba a Luis De Guindos, dando nuevos rumbos a sus sueños vicepresidenciales, y también a Ana Pastor, que después de ser una buena ministra tendrá que demostrar si es una buena presidenta del Congreso, que no está en funciones, y no solo una leal colaboradora del Presidente. Sirve además para recordar que corrupción no es sinónimo de robo: es un conjunto de conductas desviadas de las que muchas están tipificadas en el Código Penal pero otras muchas, no. Aunque casi siempre hay dinero público por medio el problema no es el dinero, es la corrosión del sistema y de sus instituciones. La corrupción afecta al concepto del poder, a la relación con los ciudadanos, a los fondos, a las formas e incluso al lenguaje.

Deberían los dirigentes del partido gobernante repasar los vídeos con sus declaraciones de estos días, en las que algunos intentaron justificar lo injustificable con un batiburrillo de medias verdades, mentirijillas y falsedades que han hecho tanto daño como el acto político que pretendían disimular. Advertirán que el problema no es solo nombrar para un cargo público internacional a un ministro apartado del gobierno por operar en paraísos fiscales y mentir a los ciudadanos; el problema es arropar la errática -o disparatada, o perversa- decisión con erráticas explicaciones ajenas al sentido común y nada respetuosas con la sensibilidad de los electores, que cada vez están más mosqueados y más asombrados. Que alguien con 186 escaños actúe como si tuviera un poder absoluto es inquietante.  Que lo haga con 137 escaños es ridículo. Si además está buscando socios para gobernar, suicida.