Tenía pensado recorrer Francia en coche el próximo verano, pero se ha abierto una guerra entre mis dos compañeros de viaje antes de hacer las maletas. Uno de ellos propuso que tiráramos de Airbnb, pero el otro dijo que ni de coña iba a colaborar con esa fábrica de pisos turísticos que ha disparado el precio del alquiler en los centros de las ciudades. Su rencor está justificado, que hace un mes le tocó meter en cajas de mudanza el estudio en el que llevaba instalado un lustro. El casero había decidido que los seiscientos euros de alquiler que pagaba subían de golpe a mil, una cifra que sólo le dio para asustarle y que el piso quedara libre para adquirir la categoría de turístico en Internet. Mi otro amigo consideraba una locura los precios desorbitados de los hoteles en temporada alta, pero ambos creen en la democracia, así que me dijeron que me tocaba a mí desempatar.

De primeras, no soy muy fan de Airbnb, que sufro uno en el piso de abajo en el que se montan fiestas rollo Magaluf, pero antes de dar mi veredicto me puse a bucear en el tema para conocer la realidad del fenómeno. Se cimentó en la economía colaborativa propulsada por internet que consiste en que tú tienes algo que ofrecer y otro lo usa. Todo se hace a través de la red, sin el control de los grandes intermediarios que sólo van a sacar tajada. Suena bien, pero el problema es lo que ha venido después: subidas abusivas del alquiler para residentes, gentifricación forzosa, empresas que compran bloques enteros para hacer negocio… En lo legal el asunto tiene una incógnita encima en nuestro país, en el que se discute si la solución debería ser estatal o los límites tienen que ponerlos las comunidades o municipios. El caso es que la Administración se lo está tomando con más calma que los que le echan morro a lo del alquiler temporal especulativo; algunos sacan con sus pisos en una semana lo que pago yo por todo el mes.

Los que elegimos vivir en el centro ya nos habíamos hecho a la idea de que comprar allí era una utopía, pero ahora vamos camino de que sólo puedan alquilar esos pisos los ricos. También tiene pinta de que, como todo lo inmobiliario en nuestro país, esto es una burbuja que acabará por explotar; no se necesitan tantos pisos turísticos, que el de debajo de mi casa se pasa los meses de frío vacío. Para cuando llegue la debacle, puede que los residentes del centro hayamos desaparecido como ya pasó con los propietarios de los locales. En 2017 da igual pasear por el corazón de Barcelona que por el de Praga; en ambos te puedes comprar la misma camisa de Zara.

¿Y qué hace mientras tanto el sector hotelero? Quejarse de competencia desleal,  poca autocrítica y mover más bien nada sus precios que son tan escandalosos que la mayoría dormimos en sus sábanas blancas sólo en viajes de trabajo pagados. Una familia que se aloje una semana de vacaciones en un hotel de la costa igual se tiene que pasar el otoño comiendo arroz, aunque es peor si te vas a París, en donde un tres estrellas equivale a un hostal en todo menos en el precio.

No seré yo el que diga que hay que cortar de cuajo un recurso de turismo accesible del que todos podríamos beneficiarnos para viajar sin arruinarnos (a los hechos me remito). Tampoco el que juzgue el modo que han encontrado algunos para lograr pagar los pisos en los que se metieron y de los que no consiguieron deshacerse. Sí apunto que algunos caraduras están haciendo el agosto y que los de arriba tienen que regularlo antes de que el libre mercado convierta a los nuevos intermediarios digitales, que no tributan en nuestro país, en más poderosos que los anteriores. Vivimos en un estado social que hay que proteger y no facilitar un nuevo problema del que, encima, se nos responsabiliza porque fue la solución popular que se encontró al desaguisado anterior. A fin de cuentas, Airbnb lo cre aron tres treintañeros de San Francisco a los que no les llegaba para pagar el alquiler de su piso.

Total, que igual cambiamos lo de las vacaciones recorriendo Francia por el apartamento de mis tíos en Calpe.