Treinta años después del primer diagnóstico de VIH, los enfermos de sida siguen estando discriminados, especialmente en los ámbitos laboral y sanitario, que copan la mitad de las consultas realizadas por estas personas el pasado año.

Así se recoge en el informe 2010 del Observatorio de Derechos Humanos y VIH/sida de REDVIH (Red Comunitaria sobre el VIH/sida del Estado Español), dado a conocer este lunes.

Según los datos recogidos por el servicio de asesoría jurídica del Observatorio, el pasado año se recibieron 168 consultas, lo que representa un incremento del 18% respecto a 2009.

La discriminación en el ámbito laboral (26%) sigue siendo el principal motivo de consulta al igual que en los informes anteriores, aunque la atención sanitaria, con un 23%, no queda muy lejos.

Los motivos más habituales de consulta en el ámbito laboral han sido los cambios en las condiciones de trabajo, la vulneración de la confidencialidad de datos médicos, la solicitud de la prueba del VIH sin tener relevancia para el puesto o dificultades para encontrar trabajo, especialmente en personas con certificado de discapacidad.

El informe destaca que "la situación se agrava dentro de un contexto de crisis económica general en donde existe poca oferta de trabajo".

En el área de la atención sanitaria, los principales motivos de consulta han sido la vulneración de la confidencialidad, cambios en programación de operaciones, trato vejatorio y abuso de poder, y negación de la profilaxis post-exposición u otros servicios.

La administración (10%), el acceso a seguros (9%), el bienestar social (7%) y la vida familiar (7%) también figuran entre los principales campos de consulta.

Respecto al perfil, el 64% de las consultas las plantean los hombres y el 36% mujeres, con una edad media de 39 años.

Un 10% provienen de personas residentes en España de origen extranjero, especialmente procedentes de países latinoamericanos (Colombia, Perú, Uruguay, México, Argentina, Chile y Venezuela) y europeos (Irlanda, Portugal, Alemania y Holanda).

Se han recibido casos de todas las comunidades autónomas, salvo Cantabria, Extremadura y la ciudad autónoma de Melilla, y el mayor número de ellas proceden de Cataluña, Madrid, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana.

En un 69% de las consultas es la propia persona afectada quien la plantea, si bien en un 17% de los casos son profesionales de ONG o bien familiares y amistades (10%).