La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha decidido admitir parcialmente la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra los que considera "responsables" de los "fraudes" de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía al considerar que cometieron delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa.

La querella señala como conocedores de los fraudes al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández; a Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta; Antonio Rivas, exdelegado provincial de la Consejería de Empleo; Rafael Rosendo, exalcalde de El Pedroso (Sevilla); Ricardo Medina, exsecretario de Política Municipal del PSOE de Camas (Sevilla); a Juan Manuel López Espada, miembro de la agrupación socialista de Camas; y al responsable del antiguo IFA y de la actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Además va dirigida contra los responsables de una treintena de empresas que "se han beneficiado" de las ayudas de los ERE supuestamente irregulares o que actuaron como intermediarias, entre ellas, Altadis, SOS Cuétara, Astilleros de Huelva, Hitemasa o Incosol.

En un auto dictado este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya asegura que "procede admitir parcialmente la querella por los delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa, dirigiendo la investigación en principio y por ahora, contra los imputados hasta la fecha en las presentes diligencias, habida cuenta de la escasa documentación recibida y sin perjuicio de nuevas calificaciones jurídico-penales y que la presente instrucción pueda extenderse a cualesquiera otras personas que aparecieran indiciariamente responsables de los hechos".

Acusación popular

El auto, que admite la personación de Manos Limpias en la causa como acusación popular y rechaza la adopción de "medidas cautelares sobre los bienes de los querellados", no exige prestación de fianza al sindicato porque "las diligencias están ya iniciadas" y la doctrina del Tribunal Supremo (TS) establece "la exigencia de fianza constituye requisito de admisibilidad de la querella cuando ésta es medio de iniciación del procedimiento penal, pero no cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso".

La juez Mercedes Alaya pide poner en conocimiento esta resolución del Ministerio Fiscal y el resto de las partes personadas en la causa, que podrán interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación en el plazo de cinco días.

Según informó a Europa Press el secretario general del sindicato, Miguel Bernard, el pasado 14 de marzo, fecha en la que Manos Limpias presentó la querella, el caso de los ERE fraudulentos tiene "tanta gravedad y trascendencia" que va a dar "un tremendo juego", por lo que prevé que el número de responsables políticos implicados pueda aumentar de forma considerable hasta llegar a alcanzar a los "máximos responsables" de la Junta de Andalucía.

Concretamente el responsable del sindicato señaló que no se descarta que a través de las diligencias se demuestre que el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el actual, José Antonio Griñán, eran conocedores de la "trama", de modo que, de ser así, ellos también serían incluidos en la querella "no como autores sino cómplices o encubridores".