El titular del juzgado central de instrucción número uno, Santiago Pedraz, archivó este viernes las actuaciones tras conocer la decisión de la Sala de lo Penal.

Esta decisión se ha producido al resolver el recurso interpuesto por el fiscal contra la admisión a trámite de las querellas presentadas por los familiares del periodista fallecido.

La familia Couso, indignada

Javier, hermano de José Couso, calificó  de "indignante y desvergonzada" la decisión de la Audiencia Nacional y anunció que recurrirá el auto.

Según él "no puede anular la orden de búsqueda y captura" decretada eno octubre por el juez de la Audiencia Santiago Pedraz contra los tres militares de la Tercera División de Infantería del Ejército de Estados Unidos imputados.

Javier Couso señaló que la muerte de su hermano es un "crimen de guerra" y "todas las pruebas apuntan" a que hubo dolo en el ataque de los soldados estadounidenses al hotel Palestina de Bagdad en el que murió también otro cámara ucraniano.

A su juicio, la decisión de la Audiencia legitima que se "pueda asesinar a periodistas" en un conflicto bélico "olvidando que son civiles" protegidos por la Convención de Ginebra, "un tratado internacional firmado por España", señaló.

La Audiencia Nacional ha sucumbido a las presiones de Estados Unidos Couso, que ha conocido la decisión judicial por la prensa, afirmó que la decisión de la Audiencia refleja que "ha sucumbido a las presiones de EEUU", que practica "una política exterior de tierra quemada" y se sitúa "por encima de la ley"

"Erróneamente identificado"

La sección segunda de la Sala de lo Penal dictó un auto en el que acepta el recurso del fiscal contra la decisión del juez Santiago Pedraz de dictar órdenes de busca y captura contra los militares norteamericanos.

Al igual que el fiscal, la Sala de lo Penal acuerda "revocar y dejar sin efecto" el auto del juez de busca, captura y detención, a efectos de extradición, del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp.

Tras esta decisión, el magistrado ejecutó el archivo "asumiendo el criterio de sus superiores jerárquicos".

La Sala explica en el auto que "los hechos se producen dentro de un conflicto armado internacional", iniciado el 20 de marzo de 2003, en el que se producen las muertes de Couso y de otro periodista.

"No se trata de un acto intencional doloso de causar la muerte a dos personas civiles protegidas, sino un acto de guerra realizado contra un enemigo aparente, erróneamente identificado", añade la resolución.

En noviembre pasado, Pedraz admitió a trámite la querella que familiares del cámara de T5 interpusieron en mayo de 2003 contra tres militares estadounidenses.

El pasado 13 de febrero, la Justicia estadounidense denegó la petición formulada por España para que fueran interrogados los soldados imputados en la muerte de Couso.

El juez Pedraz ya había cursado el 19 de octubre la busca y captura de los militares mencionados.

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