La ocupación de la central nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia, por parte de activistas de Greenpeace, que han reclamado el cierre de estas instalaciones, ha concluido con la detención de dieciséis personas tras once horas de encierro.

Alrededor de las seis y media de la mañana quince miembros de esta organización ecologista se han colado en las instalaciones cortando las rejas y tres de ellos se han encaramado a una torre de refrigeración en la que han escrito las palabras: "peligro nuclear". La ocupación de la central se ha prolongado hasta las 17.30 horas, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han desalojado a los activistas y la central ha desactivado la alerta de emergencia, puesta en marcha once horas antes.

Los detenidos son quince activistas que se hallaban dentro del complejo desde primera hora de la mañana, entre ellos tres escaladores, y un fotógrafo independiente. Un vigilante de la central ha resultado herido de carácter leve con un corte de siete centímetros a la altura de la cintura, y otros dos han sufrido contusiones tras el forcejeo con algunos de los miembros de Greenpeace, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha lamentado "la violencia empleada por la organización ecologista Greenpeace" para acceder al complejo en un acto que ha calificado de "propaganda de tipo político". Según ha asegurado, a pesar de la irrupción de los ecologistas, "las centrales nucleares españolas son absolutamente seguras".

Por su parte, el portavoz de la organización ecologista, Carlos Bravo, ha desmentido "categóricamente" que los activistas hayan utilizado la violencia y ha reiterado que "si tres trabajadores de la central han resultado heridos, en ningún momento se ha debido al comportamiento violento de los detenidos". La delegada del Gobierno, quien ha vuelto a comparecer ante los medios por la tarde, ha considerado que "es muy desafortunado" que los activistas de la organización ecologista Greenpeace "intenten legitimar" su rechazo a "las centrales nucleares como fuente de energía" a través de "agresiones".

Botella ha incidido en que la acción de protesta llevada a cabo por estos activistas en la central nuclear de Cofrentes, en la provincia de Valencia, no ha supuesto un fallo de seguridad, tal y como defienden desde la organización ecologista, sino que "ha sido una agresión" a la que se ha dado "una respuesta proporcionada". En este sentido, ha argüido que el complejo "estaba funcionando perfectamente hasta que estas personas agredieron, con sus sierras radiales, cortando las vallas de entrada" e "irrumpiendo como intrusos en una zona" en la que "no les compete estar", una acción que a su juicio tenía "carácter mediático".

Sin embargo, ha insistido en que los activistas no han accedido, "en ningún momento", a "zonas vitales" de la central nuclear "ni se ha puesto en peligro la seguridad de la planta". Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, ha calificado de "inadmisible que un lugar tan estratégico para la Comunitat Valenciana sea tomado por un grupo de activistas sin que encuentren ningún impedimento".

Asimismo, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Mireia Mollà, ha reclamado al Consell que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Cofrentes, que finaliza el 19 de marzo, y desmantele la instalación por considerarla "obsoleta y peligrosa". Con motivo de este incidente, una decena de personas de diversas plataformas y formaciones políticas como Tanquem Cofrents y Els Verds Esquerra Ecologista se han concentrado esta tarde ante el edificio de la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para protestar por las detenciones.

El grupo de activistas de Greenpeace entró en el complejo de la central nuclear de Cofrentes, en Valencia, llevaba a cabo una acción de protesta para reclamar el cierre de esta instalación, cuya licencia de explotación expira el próximo mes de marzo.

Fuentes de la organización ecologista han informado de que un grupo de escaladores han comenzado a trepar por la torre de refrigeración de la central en la que tienen la intención de hacer una gran pintada con la advertencia "peligro nuclear". Al lugar llegaron también patrullas de la Guardia Civl que estarían procediendo a identificar a los activistas, según cuentan en su blog.

Los ecologistas pretenden denunciar lo que consideran falta de seguridad de la central, que entró en funcionamiento en 1984 y cuya autorización de explotación está pendiente del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y posterior decisión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En 2009, diversos grupos ecologistas y vecinales constituyeron la plataforma "Tanquem Cofrentes" para pedir el cierre de la central. La central valenciana de Cofrentes es la quinta más antigua de España, tras las de Garoña (1970), Almaraz I (1980), Ascó I (1982) y Almaraz II (1983). Greepeace cree que Cofrentes es una instalación "envejecida y de funcionamiento peligroso".

Greenpeace incide en que la central nuclear de Cofrentes es una instalación peligrosa, y cuenta con un interminable listado de fallos y problemas de seguridad sin resolver, lo que evidencia el agotamiento de su vida útil. Por ejemplo, el pasado 7 de febrero, sufrió un fallo en la apertura de la válvula del circuito de seguridad. Este tipo de fallos se ha repetido sistemáticamente en los últimos años, lo que ha provocado la declaración de continuas prealertas de emergencia. A pesar de las inspecciones del Consejo de Seguridad Nuclear, el problema sigue sin poder resolverse, según Greenpeace.

Entre las muchas deficiencias identificadas, Greenpeace destaca las relacionadas con los sistemas de lucha contra incendios, el acceso a la Sala de Control, el aumento de las dosis recibidas por los trabajadores en el mantenimiento, el desafío a los márgenes de seguridad en los sistemas de refrigeración de emergencia o la tardanza en los análisis de sucesos o incidentes.