El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó ayer, con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP, la Ley de garantías de acceso a una vivienda. La ley garantiza a las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda el derecho a una casa, o la posibilidad de acceder a una vivienda libre en régimen de alquiler si tras un año en el Registro no se hubiera logrado ese derecho.

Los requisitos para acogerse a la nueva ley son estar inscrito en el registro de demandantes, tener cumplidos los 22 años, llevar empadronado al menos tres años en Castilla-La Mancha ; no superar la renta anual de 2,5 veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), que son unos 25.000 euros, y participar en los procesos de concesión de vivienda protegida.

En Castilla-La Mancha hay en la actualidad casi 30.000 demandantes inscritos en el registro de vivienda, por el que han pasado 80.000 personas desde que se creó en 2007.

En cuanto a las ayudas económicas que prevé conceder la nueva ley, su cuantía se determinará como la diferencia entre la renta mensual del alquiler de un piso y el coste de la cuota mensual que debería abonar en la compra de una VPO.

Según el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, además de facilitar el acceso a una vivienda, la ley tendrá otros efectos importantes: garantiza la emancipación de los jóvenes; impulsa la actividad y el empleo en el sector de la construcción y fomenta el mercado del alquiler.

La norma de Castilla-La Mancha llega tras la anunciada hace sólo unas semanas por el Gobierno vasco. En ese caso, se grava a los propietarios que no pongan en el mercado sus casas vacías. Hay un tercer caso: Andalucía aprobó hace un año una ley que garantiza que los ciudadanos puedan reclamar el derecho a una vivienda digna, pero en este caso ante los tribunales.