El juez rechaza que testifique el secretario de Estado de Seguridad por el 'caso Faisán'

  • El juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, considera que sus llamadas "no son determinantes para el esclarecimiento de los hechos".
  • El juez también ha rechazado llamar a testificar a las otras dos personas del ministerio del Interior desde cuyos teléfonos se contactó con los imputados.
  • Rubalcaba exige unas disculpas para su secretario de Estado.
Agentes de la Policía Nacional salen del bar Faisán de Behobia (Irún).
Agentes de la Policía Nacional salen del bar Faisán de Behobia (Irún).
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Agentes de la Policía Nacional salen del bar Faisán de Behobia (Irún).

El juez Pablo Ruz ha rechazado llamar a testificar a los usuarios de tres teléfonos del ministerio del Interior, entre ellos el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en la causa en la que se investiga el supuesto chivatazo que alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006.

El magistrado de la Audiencia Nacional considera que los intercambios de llamadas entre Camacho y el entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo, imputado en la causa, "no resultan en todo caso determinantes para el esclarecimiento de los hechos" ocurridos el 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el "chivatazo".

De esta forma, Ruz rechaza la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia, al considerar que, según un nuevo informe del equipo investigador, los testimonios de los usuarios de esos números de teléfono son "irrelevantes para los fines de la presente instrucción".

Aclarar la "real significancia"

El pasado martes, Ruz ordenó identificar a los usuarios de tres teléfonos del Ministerio del Interior -uno de ellos el de Camacho- desde los que los imputados -el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, el Jefe Superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava- recibieron llamadas antes y después del "chivatazo", ocurrido el 4 de mayo de 2006.

No obstante, el magistrado de la Audiencia Nacional ya advirtió entonces de que el primer objetivo de esa medida era aclarar la "real significancia" de la identidad de esos usuarios y que sólo conocida ésta se pronunciaría sobre la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia -personada como acusación- de que esas personas declararan como testigos.

El juez recibió este jueves el informe solicitado a la Policía y lo pasó a la Fiscalía, que ha considerado innecesario citar a los usuarios de los teléfonos porque los propios investigadores no conceden "trascendencia, importancia o relevancia al tráfico de llamadas acaecido entre los teléfonos mencionados y el de los distintos imputados".

El informe concluye que las llamadas a los imputados de los usuarios de esos teléfonos -Camacho y un inspector de Policía destinado en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, porque el tercer número era el de la centralita del Ministerio- fueron "esporádicas" y se ajustaban "al normal proceder entre los interlocutores (...) con motivo de sus responsabilidades oficiales".

"Irrelevantes para la instrucción"

Más concretamente, el juez señala que, según el informe policial, las llamadas entre Camacho y García Hidalgo producidas los días 3 y 4 de mayo de 2006 "se concluyen como irrelevantes para los fines de la presente instrucción", porque resulta "lógico y razonable" que dos altos cargos de Interior "necesiten mantener comunicaciones durante las veinticuatro horas del día".

Los investigadores dicen también que las llamadas entre ambos "se generan de forma regular" ambos días, "incluso en horarios similares" y que "en ningún caso están interrelacionadas temporalmente con los hechos" investigados.

El informe agrega que si las llamadas hechas por Camacho a García Hidalgo la noche del 3 de mayo hubieran tenido relación con el "chivatazo", debería existir otra a la inversa "el día 4, una vez consumada la delación policial, dando continuidad al conducto jerárquico, circunstancia que no se produjo".

Rubalcaba exige disculpas

Tras conocerse la decisión judicial, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que, a la vista del auto dictado por la Audiencia Nacional, ha quedado claro que Camacho "no tiene nada que ver" con el "chivatazo" a ETA.

"Ha habido un auto que deja claro que el secretario de Estado no tiene nada que ver en esta historia", ha destacado Rubalcaba en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El vicepresidente primero ha salido en defensa del "buen nombre" y el "honor" de su "número dos" que, a su juicio, ha soportado "todo tipo de calumnias e injurias" desde que el martes pasado se supiera que su teléfono móvil era investigado por el juez Ruz.

"Voy a pedir a quienes le han injuriado, calumniado y difamado que simplemente pidan disculpas. Que reparen el honor, que creo que no es mucho, dado que es una persona honorable", ha proclamado.

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