El proyecto de ley de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón se aprobará, previsiblemente, durante la presente legislatura. La Mesa de la Comisión Institucional ha incluido este punto en el orden del día de la próxima reunión de trabajo que tendrá lugar el martes 8 de febrero en la sede parlamentaria.

El informe, que si se aprobase pasaría como dictamen ante el Pleno de las Cortes, ha sido remitido por la ponencia pertinente que, tras su tercera sesión del pasado 1 de febrero, cerraba sus trabajos con las correcciones técnicas, la aprobación de cuatro enmiendas de las nueve votadas, y la elaboración del texto que evaluará la Comisión Institucional.

Las Cortes de Aragón constituyeron el 15 de diciembre de 2010 la Ponencia encargada del estudio del proyecto de ley de convenios de Aragón, grupo de trabajo que ha sido coordinado por Javier Allué (PAR), y compuesto además por Carlos Tomás, del PSOE, Manuel Guedea, del PP, Chesús Bernal, de CHA, y Adolfo Barrena, de IU.

El documento que sirvió de punto de partida para el trabajo de los ponentes no tenía enmiendas a la totalidad, pero sí 38 enmiendas parciales, de las que el mayor número, 21, procedían de Chunta Aragonesista, seguidas de las 9 de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida y de las ocho del Partido Popular. La estructura de esta ley se proponía en siete Capítulos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y dos finales.

Tal y como se expresa en la exposición de motivos del proyecto de ley, "con respeto de la normativa básica estatal y en el ámbito propio de la formación de la voluntad negocial de la Comunidad Autónoma de Aragón, la presente ley tiene por finalidad potenciar y facilitar al máximo en los distintos niveles de relación el uso de los convenios.

Para ello se aborda la regulación de la materia desde un punto de vista global, de manera que, además de los convenios con el Estado y con otras Comunidades Autónomas y los acuerdos de colaboración celebrados en el ámbito de la Unión Europea y de la acción exterior, se recogen los que se celebren con Universidades públicas y con las corporaciones de derecho público".

El texto legislativo propuesto también destaca como otro objetivo "aportar sistematicidad, claridad y transparencia a la actividad convencional que en el futuro se desarrolle por la Comunidad Autónoma de Aragón, al efecto de aportar instrumentos útiles de información para los ciudadanos y para todas las entidades que forman parte del sector público aragonés en el ejercicio de su actividad pública".