Los sindicatos UGT y CC OO, la patronal CEOE y el Gobierno han sellado este miércoles el pacto social y económico en el palacio de La Moncloa. El acuerdo llegó tras unas semanas de intensas negociaciones y varios meses de tensión, a raíz de la reforma de pensiones, aunque finalmente ha englobado más puntos, como habían pretendido los sindicatos.

El pasado viernes, tras anunciarse el acuerdo, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó que el acuerdo global abarca la reforma de las pensiones, las políticas activas de empleo, negociación colectiva y el desarrollo de la reforma laboral. También están presentes en el documento de 39 páginas firmado la política energética, la política industrial y el el desarrollo de proyectos de I+D+i (Investigación más Desarrollo más innovación), aunque los acuerdos concretos en estas materías se irán concretando en próximas fechas.

El Gobierno ha señalado reiteradamente este acuerdo como el pacto social más importante de la democracia desde los Pactos de la Moncloa y, evidentemente, de la era Zapatero. Rubalcaba ya señaló que el principal objetivo de este pacto es aumentar la confianza en la economía española dentro y fuera.

Es la cuestión esencial. Además del retraso progresivo de la edad de jubilación (a  67 años, con flexibilidad), la ampliación del cómputo (de 15 a 5 años), la consideración de las becas y la maternidad, este martes se conocieron más detalles del acuerdo.

Hay que recordar que el nuevo sistema entrará progresivamente a partir del 1 de enero de 2013 y se establecerá un período transitorio de 10 o 15 años (hasta 2027).

El texto no fija una única edad legal exclusiva de jubilación sino que puntualiza que la jubilación por ley se sitúa en "un intervalo" entre los 63 y los 67 años, vinculando la jubilación a los 65 años a carreras de cotización de 38,5 años y la de los 67 a carreras de 37 años, para poder acceder a la pensión íntegra.

Asimismo, indica que la jubilación anticipada se fija en los 63 años y en los 61 cuando se produzcan situaciones de crisis.

El documento reafirma que estas condiciones de jubilación anticipada no afectarán a las personas que hayan suspendido su relación laboral antes de la firma del acuerdo.

De esta manera, si el trabajador quiere seguir en activo después de los 67 años y ha cotizado menos de 25, la bonificación anual será del 2 %, mientras que si ha cotizado entre 25 y 37 años el incentivo aumenta al 2,75 %.

Para los trabajadores que al llegar tanto a los 65 como a los 67 años ya hayan completado su carrera de cotizaciones el incentivo será del 4 %.

Los trabajadores que hayan sido despedidos al final de su vida laboral podrán ampliar el período de cómputo para calcular su pensión más allá de los 25 años que estipula la reforma de las pensiones, para "evitar perjuicios" por la reducción de sus bases de cotización durante su inactividad.

La reforma no descarta la integración del Régimen Especial de Empleados del Hogar en el General y añade que se revisará durante la tramitación parlamentaria de la reforma.

También se podría contemplar una financiación adicional a la de las cotizaciones para pagar las pensiones.

El Gobierno ha planteado un plan de choque para favorecer de forma inmediata la contratación, bonificando tanto la contratación como la conversión de temporales en indefinidos en los empleos que sean de al menos media jornada, si el empleado es menor de 30 años o parado de larga duración.

El pacto establece una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las empresas que creen puestos de trabajo a tiempo parcial durante el primer año de vigencia del contrato, con una jornada que oscile entre el 50 % y el 75 % de la habitual.

Aunque la medida tendrá una duración de un año desde su aprobación, el acuerdo alcanzado este lunes no descarta la prórroga de su aplicación ya que contempla que a los seis meses los firmantes del acuerdo procederán a una evaluación del impacto que ha tenido.

El acuerdo también contempla estímulos para las empresas que conviertan esos contratos parciales en indefinidos.

Además, el Gobierno quiere, a largo plazo, remodelar por completo los servicios de empleo. La nueva ayuda a parados que han agotado las prestaciones y tengan rentas bajas estarán ligadas a la formación y será finalmente de 400 euros -únicamente cuando no reciba rentas superiores al 75% del salario mínimo- .

También se anuncia la creción de una estrategia global para los trabajadores de más edad, que debería estar listo en septiembre de este año.

Los sindicatos no abandonan la batalla en este asunto y seguirán adelante con su iniciativa legislativa. El acuerdo sí que reconoce que antes del 18 de junio tiene que aprobarse el fondo de capitalización de despido para aplicar el llamado modelo austriaco de las indemnizaciones.Eso sí, tendrá que haber una negociación previa entre sindicatos, patronal y Gobierno

En materia de negociación colectiva siguen sin concretarse las condiciones de los ERE tras la reforma laboral, qué hacer con las negociaciones de convenio bloqueadas, etc.

No hay nada concreto en el documento, sino apuestas generales por la innovación, las energías renovables, el coche eléctrico, etcétera.