Tras ocho meses de debate y negociaciones, la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados acabó este miércoles su labor con la aprobación de un informe que, en 21 puntos, recoge sus propuesta para la reforma del sistema de pensiones. Pero el texto señala explícitamente la falta de acuerdo para una de las cuestiones más polémicas: la pretensión del Gobierno de retrasar a los 67 años la edad legal de jubilación.

La votación final del texto contó con 36 votos a favor (los de PSOE, PP, CiU, PNV y UPyD) y dos en contra (los de ERC-IU-ICV y BNG). Estos grupos de izquierda se quejan de que el texto es lo suficientemente ambiguo como para que el Gobierno haga la reforma que desea sin incumplirlo.

Estas recomendaciones tendrán que pasar ahora por el pleno del Congreso para su aprobación definitiva. Probablemente lo harán el 25 de enero. Pero tras el trámite de este miércoles, el documento ya pasa a manos del Gobierno que lo utilizará en sus conversaciones con empresarios y sindicatos para finalmente presentar su propuesta definitiva de reforma de las pensiones el 28 de enero y reanudar así su tramitación parlamentaria. Ese pequeño margen de tres días entre la aprobación del informe y la llegada de la propuesta gubernamental evidencia, según todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE, que la nueva norma ya está escrita y deja en entredicho las recomendaciones del Parlamento.

Edad de jubilación. "La Comisión constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de jubilación". El documento refleja así la división existente en el tema más polémico de la reforma. El Gobierno mantiene su pretensión de retrasarla a los 67 años, excepto para los trabajos más duros o quienes tengan carreras de cotización, por encima de los 36 años.

Cálculo de las pensiones. El documento aprueba modificar esta materia, pero no entra en detalles sobre cómo hacerlo. Únicamente señala que es "necesario ajustar, con más precisión, la relación entre el salario real y las bases de cotización". Los grupos de izquiera consideran esta redacción demasiado ambigua. Actualmente se calcula la cuantía de la pensión con los últimos 15 años cotizados. La propuesta del Gobierno es ampliarlo a 20 años e incluso, progresivamente, hasta los 25.

Críticas a la congelación de 2011. El texto recoge también –con el visto bueno del PSOE– el rechazo a la congelación de las pensiones contributivas en 2011, lo que implicará que por primera vez el Gobierno incumpla una de las sugerencias del Pacto de Toledo. Además, aconseja que, en adelante, se actualice la pensión en relación a los salarios y la economía, en lugar de hacerlo sobre el IPC como ahora.

Viudedad y orfandad. Entre los asuntos que han contado con el beneplácito de todos los grupos destacó la solicitud de ampliar la pensión de viudedad para los mayores de 65 años cuyo ingreso principal sea esta prestación, así como alargar la pensión de orfandad hasta los 25 años.

Maternidad. En su día se planteó que la maternidad, como aportación de sujetos al sistema de Seguridad Social, fuese contemplada para las pensiones. En las recomendaciones se "reclama el impulso de los mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de los hijos o personas dependientes como elementos a considerar en las carreras de cotización".

Más control parlamentario. Los diputados reclaman más capacidad de supervisión tanto sobre las cuentas de la Seguridad Social como sobre las actuaciones contra el fraude que realice. También quieren que la Comisión del Pacto de Toledo se haga permanente –ahora no lo es– para hacer un seguimiento de la adopción de sus recomendaciones.