El Gobierno vasco ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos, que previsiblemente a partir de mediados de 2011, permitirá trasladar la gestión de ayudas sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que ha presentado el texto al término del Consejo de Gobierno, ha analizado la polémica por la propuesta para retirar la RGI a 6.200 familias por incumplir los requisitos para recibir la ayuda. Tras apostar por cerrar las "rendijas" a las irregularidades, ha dicho que la decisión sobre la retirada de las prestaciones depende de las diputaciones.

El visto bueno al proyecto que modifica la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social se ha producido en el seno del Consejo de Gobierno. El texto aprobado este martes, que la consejera confía en que pueda adquirir rango de ley a través de su aprobación en el Parlamento a mediados de 2011, traslada la gestión de la RGI —actualmente en manos de ayuntamientos y diputaciones, aunque las ayudas son sufragadas por el Gobierno autonómico— a Lanbide, el Servicio de Empleo Vasco que empezará a funcionar a partir del 1 de enero.

No obstante, hasta que este proyecto no se convierta en ley, Lanbide se dedicará únicamente a la gestión de las políticas activas de empleo, y no asumirá las competencias sobre la RGI y el complemento de vivienda. La cuantía de estas prestaciones se sitúa entre 650 y 930 euros al mes, en el primero caso, y entre 250 y 320 mensuales, en el segundo.

"perfeccionar el sistema"

A través de este proyecto, el Gobierno espera "perfeccionar el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos" y "relacionar expresamente la percepción de las prestaciones económicas de derecho con la activación para el empleo".

Lanbide tramitará de manera integral los expedientes para recibir las ayudas, desde la recepción de la solicitud de la ciudadanía, hasta la resolución y el pago directo a la persona solicitante.

Cuando la modificación de la ley entre en vigor, la ciudadanía ya no deberá dirigirse a los servicios sociales de base de su municipio o barrio de residencia, sino que la oficina del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide será la puerta de entrada a este sistema de prestaciones y a la activación laboral.

Desde el mismo momento de la solicitud, se fijarán las citas oportunas con el personal de orientación laboral de Lanbide para todas las personas de la unidad familiar perceptora que se encuentren en edad laboral. Se les realizará una evaluación de empleabilidad y se les propondrán acciones concretas, incluidas en el catálogo de políticas activas de Lanbide.

De esta forma, se pretende cumplir "el doble derecho" consistente en un ingreso garantizado y la inclusión a través del empleo. El Ejecutivo confía en que la nueva ubicación de estas políticas "permitirá aliviar la gran carga de trabajo que soportan los servicios sociales", de forma que éstos y sus profesionales puedan dedicar todos sus esfuerzos a las tareas que les son propias. POLÉMICA

Al margen de presentar el proyecto, Zabaleta se ha referido a la polémica surgida por la propuesta para retirar la RGI a más de 6.200 perceptores, que ha sido criticada por diputaciones y algunos ayuntamientos, que discrepan de los cálculos del Ejecutivo sobre el número de beneficiarios a los que debería eliminarse la prestación por no cumplir las condiciones exigidas para ello.

Zabaleta ha reiterado que la decisión definitiva sobre el número de ayudas que se anulan depende de las diputaciones y de la revisión que éstas realicen sobre los expedientes tramitados. De esta firma, y preguntada sobre la posibilidad de que la cifra de ayudas retirada sea finalmente inferior a los 6.200 casos anunciados en un principio, ha indicado que "el número de casos de extinción será el que tenga que ser".

De todas formas, ha subrayado la necesidad de "cumplir la ley" en lo que se refiere a la verificación de los requisitos exigidos para acceder a las prestaciones, puesto que actuar de otra forma sería "una injusticia" hacia las personas que sí cumplen con dichas condiciones. La consejera ha defendido la conveniencia de evitar que "alguien se pueda colar por las rendijas del sistema" de prestaciones.