CC.OO. Euskadi ha reivindicado que el Gobierno vasco incorpore al diálogo social el desarrollo de la ley vasca de Servicio Sociales y ha denunciado que "se primen las prestaciones económicas a la creación de servicios y empleo" en el sistema de atención a la dependencia.

En el marco de la jornada sobre el desarrollo de la ley de Autonomía y Atención a la Dependencia, promovida por la Federación de Pensionistas de CC.OO., el sindicato ha analizado la situación del desarrollo del sistema en el ámbito estatal y a las previsiones de elaboración del catálogo de servicios sociales dirigidos a las personas mayores en Euskadi que está impulsando el Ejecutivo autonómico.

La jornada ha contado con la participación de la representante del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco Miren Amilibia, así como de la responsable confederal de CC.OO. de Políticas Sociales, Rosana Costa, quien ha denunciado el "recorte" de más de un 5 por ciento respecto al año anterior de la cantidad destinada a este fin en los presupuestos generales.

Según ha indicado, esto supone "unos 280 millones menos" y "la ralentización de la implantación, incumpliendo los compromisos establecidos en ella y en el acuerdo del dialogo social del que surgió".

Por su parte, la secretaria de Política Social de CC.OO. de Euskadi, Felisa Piedra, ha anunciado que pedirá al Gobierno vasco que incorpore al Diálogo Social el desarrollo de la ley vasca de Servicios Sociales y, en concreto, el catálogo de servicios "que es la plasmación concreta de los derechos de la ciudadanía sobre estas materias, al fijar en él la calidad y la extensión de los mismos".

El sindicato ha resaltado que "el desarrollo de estos servicios tiene implicaciones directas en la calidad del empleo y las condiciones laborales de un sector que tiene más de 25.000 trabajadores en Euskadi". Por ello, ha indicado, "más allá del derecho de participación en las cuestiones generales que los sindicatos tienen y que refrendan las leyes, resulta imprescindible abrir ese especio de diálogo".

En este sentido, ha indicado que "la existencia de una autodeterminada 'mesa de diálogo civil' creada por el gobierno y una serie de entidades no lucrativas en donde se mezclan organizaciones de clara vocación social con otras con un fuerte componente empresarial no agota, en ningún caso, el dialogo con la sociedad".

"Más allá de los fines que cada una de las entidades participantes tengan o declaren, hay algo común a casi todas ellas y es que se trata de entidades empleadoras que establecen condiciones laborales para unos trabajadores y trabajadoras a los que se les excluye de ese diálogo", ha advertido.

CC.OO. ha exigdio, por ello, a la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gema Zabaleta, que incorpore el desarrollo de la ley de servicios sociales a la correspondiente mesa dentro del diálogo social o, en su defecto, "abra una específica con los sindicatos para abordar el impacto del desarrollo de la ley".

Por su parte, el secretario de Pensionistas de CC.OO. de Euskadi, José María Sarasa, ha recordado los datos recogidos en el informe de implantación del sistema de dependencia elaborado por este sindicato, subrayando "la desviación que se está dando en la aplicación de la ley".

Al respecto ha destacado que, "a pesar de que ésta considera que sólo debe hacerse de forma excepcional, un 43,29 por ciento de las prestaciones reconocidas se satisfacen mediante prestaciones económicas, a lo que hay que añadir que más de la mitad lo son por personas cuidadoras sin convenios especiales con la Seguridad Social, todo ello en lugar de proporcionar servicios públicos o concertados como la ley prevé".

Además, ha señalado que este sistema, por otra parte, "facilita que pueda haber determinadas actuaciones fraudulentas". A su entender, "no es ningún consuelo que haya comunidad autónomas que usen esta vía de forma más intensa" porque "no es aceptable que, para ahorrar costes a corto plazo (un ayuda supone poco más de 500 euros mientras que un servicio son unos 1.500), no se creen unos servicios que generarían empleo de forma permanente".

Con ello, ha insistido, "se favorecerían retornos económicos, vía impuestos o cotizaciones sociales, del personal de esos servicios, lo que es necesario en un momento en que cae el empleo".