El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos (Málaga) ha acordado la puesta en libertad de la directora de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales 'Parque Animal' de este municipio, con iniciales C.M.A, y de las otras dos personas detenidas este jueves por delitos como maltrato animal, intrusismo profesional o falsedad.

Así, según han señalado fuentes judiciales a Europa Press, a los tres detenidos —la propietaria de la asociación, un veterinario y el encargado de la misma— se les ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil iniciaron el pasado mes de junio una investigación a raíz de una denuncia presentada por un veterinario que había ejercido su profesión en la asociación, en la que acusa a dicho colectivo de estar cometiendo maltrato a los animales.

A lo largo de la investigación los agentes descubrieron que en dicha asociación se estaban cometiendo "varias irregularidades, encabezadas por la directora del centro y con la colaboración del encargado y el veterinario", según han informado este viernes desde el instituto armado.

Dichas irregularidades desembocan, según han manifestado desde dicho Cuerpo a través de un comunicado, "en la comisión de los delitos de maltrato animal, falsedad documental, denuncia falsa, apropiación indebida, intrusismo profesional y estafa".

De hecho, a la presidenta de la asociación se le imputan los delitos de maltrato animal, falsedad documental, apropiación indebida, estafa e intrusismo profesional, mientras que al encargado del colectivo se le investiga por maltrato e intrusismo y al veterinario por falsedad documental.

El supuesto delito de maltrato animal se manifiesta desde el año 2008 hasta la fecha en que por parte de la directora del centro y de uno de los encargados "se venían sacrificando animales de forma continuada, masiva, deliberada e injustificada, sin ningún tipo de control veterinario".

En este sentido, según han precisado, se aplicaban "muy bajas dosis del medicamento letal con la finalidad de ahorrar en costes, produciendo una muerte lenta y agónica, siendo el número de animales sacrificados en 2009, de 1.230, y en 2010, de un millar.

El delito de falsedad documental, presuntamente llevado a cabo por la directora del centro, se concreta "al falsificar supuestamente la firma de veterinarios" e, igualmente, "consigue supuestamente recetas oficiales firmadas en blanco y sin fecha por parte de un veterinario en la que mutó la verdad, completando su contenido al estampar la fecha, cantidad y producto eutanásico, para, posteriormente, entregarlo a la empresa suministradora".

En cuanto al delito de intrusismo profesional por parte de la directora y de un empleado, la Guardia Civil precisa que presuntamente "venían sacrificando animales inyectándoles un producto eutanásico sin estar en posesión de ningún tipo de titulación para ello".

Asimismo, también se investiga un supuesto delito de estafa, "al incumplir las condiciones exigidas por el Ayuntamiento, ya que por parte de la dirección del centro se cobraba sistemáticamente a las personas que hacían entrega de animales la cantidad de 60 euros en concepto de tasas". A otro veterinario de la asociación, con iniciales F.W.M., se le imputa un delito de falsedad documental.