El responsable de Asuntos Europeos de CHA, Miguel Martínez Tomey, ha defendido ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE) la queja presentada en relación con la actuación llevada a cabo por el Gobierno de España al promover, con la complicidad del Gobierno de Aragón, un trasvase a Cataluña en 2008.

La eurodiputada de Los Verdes, Margrete Auken, ha señalado la necesidad de que desde Europa "se hagan cumplir las Directivas para evitar que los Estados miembros lleven a cabo políticas destructivas en materia ambiental alegando motivos de urgencia y emergencia que la Comisión no se molesta en verificar, como hizo el Estado español con la sequía, para sacar adelante proyectos totalmente contrarios a la normativa europea", asegura CHA en un comunicado.

Martínez Tomey ha relatado que el Gobierno de España aprobó en 2008 (el 21 de abril) un Real Decreto-Ley que autorizaba un trasvase del Ebro a Barcelona, la construcción de las infraestructuras permanentes necesarias para llevarlo a cabo.

En su intervención ha señalado "el Estado español no notificó a la Comisión la aprobación de decreto, ni la exención de la evaluación de impacto ambiental. Así lo reconoció el anterior Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en el Parlamento Europeo contestando a preguntas formuladas por Chunta Aragonesista".

Para Martínez Tomey, el incumplimiento "sigue estando" al explicar que el real decreto-ley sigue formando parte del ordenamiento jurídico español, "permaneciendo en estado latente y pudiendo ser reactivado sin intervención del parlamento español sólo con un acto administrativo del Consejo de Ministros".

Para el responsable de CHA en asuntos comunitarios, "lo peligroso es que desde Europa se mirase para otro lado" al detallar que "la infraestructura permanente de trasvase hubiese estado terminada y en servicio en dos o tres meses, sin tiempo a reaccionar".

Además, ha enfatizado que "sorprende que la Comisión guarde silencio después de lo sucedido. Con tal actitud la Comisión está mandando una señal a los Estados miembros que quieran incumplir la normativa europea de protección al medio ambienta alegando motivos de urgencia o de interés nacional prioritario de que tienen impunidad siempre que no notifiquen oficialmente sus intenciones: la Comisión, simplemente, no preguntará".

En este mismo sentido, se ha pronunciado la eurodiputada Margret Auken quien ha intervenido para expresar la preocupación ante una actitud irresponsable por parte de la Unión Europea en lo que se refiere al control de las actuaciones de los Estados miembros en materia medioambiental.

Para Auken, el caso presentado por CHA "es un ejemplo de cómo los gobiernos llevan a cabo una mala praxis que derivan en situaciones excepcionales y de emergencia".

Cuando se producen estas situaciones excepcionales, los Estados miembros están aprovechando para actuar nuevamente "al margen de la legislación europea y poner en marcha proyectos que son totalmente contrarios a las Directivas y normas europeas".

Según Auken "es exactamente la misma estrategia que en estos momentos utiliza el Gobierno de Berlusconi en Italia con el desastre que ha provocado su desastrosa gestión de las basuras de Nápoles", ha argumentado la eurodiputada danesa que en su día denunció los abusos urbanísticos en España y en el Pirineo aragonés.

La Petición de CHA al Parlamento Europeo reclama que se atiendan las denuncias que le lleguen (o que conoce por los medios de comunicación) y requiera información y explicaciones para, en su caso, actuar velando por el cumplimiento de la legalidad europea.

"Nos consta que en materia de normas de competencia y mercado interior la Comisión es rápida como un rayo" por tanto reclaman que "aplique forma efectiva la filosofía de trabajo que ella misma preconizaba en su Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo de 11 de diciembre de 2002".

Un segundo apartado exige que "persiga con celo las políticas de hechos consumados en materia medioambiental y cohesión territorial, especialmente cuando tienen consecuencias irreversibles o difíciles de revertir".

También aboga porque en el caso concreto de la gestión de la escasez de agua y las sequías, que verifique y apruebe no sólo los planes de prevención de los Estados miembros, sino también los "propios decretos de gestión de sequías" al recordar que cuando se decretó el trasvase a Barcelona se estaba permitiendo el 55 por ciento de los riegos agrarios -los regadíos suponen más del 80 por ciento del total del consumo de agua en España.

El cuarto apartado pide que la UE advierta al Gobierno español, a la vista de esta experiencia, y a todos los Estados miembros de forma general, que no admitirá situaciones de hechos consumados en el futuro, de forma que extremen su celo en la prevención de este tipo de situaciones, comportamiento sin el cual, no pueden ser admitidos los supuestos argumentos de urgencia y grave necesidad que suelen alegarse (cuando se alegan) para ignorar la legislación medioambiental europea impunemente.

La Comisión Europea ha señalado que el Gobierno español está siendo objeto de un procedimiento sancionador por no haber presentado todavía los planes hidrológicos de cuenca a los que le obliga la Directiva Marco de Aguas. "Así no es de extrañar que cuando lleguen las sequías no se hayan hecho los deberes y se recurra a trasvases de emergencia que jamás debieran de ser tolerados por la Unión Europea", ha añadido Martínez Tomey.

Finalmente, Martínez Tomey ha anunciado que Chunta Aragonesista seguirá promoviendo iniciativas para mantener abierto este debate en el seno del Parlamento y de las demás instituciones de la Unión Europea.