El conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, ha manifestado su "satisfacción" por las decisiones de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo respecto al decreto del carbón, con la que se bloquea su desarrollo. Con estos pronunciamientos, ha indicado, el Gobierno gallego ve reforzada su postura.

Guerra ha indicado que espera ahora que la decisión sea confirmada por los tribunales, pero ha considerado que se trata de "una muy buena noticia para Galicia, para las comarcas de As Pontes y Cerceda, los trabajadores de las centrales y los que dependen de ellas".

"La Xunta lleva tiempo diciendo que el decreto tiene graves consecuencias para Galicia y todo lo que signifique trabas en la aplicación es una muy buena noticia", ha afirmado. En cualquier caso, ha avisado de que el Gobierno gallego "va a seguir en su senda de defensa jurídica de los derechos de los trabajadores gallegos". "Vamos a seguir adelante; esto va en la línea de lo que estábamos pensando, pero vamos a presentar toda la batalla jurídica posible", ha dicho para recordar que el objetivo es paralizar el decreto.

Ha destacado que está "especialmente satisfecho" por que el Tribunal de Justicia de la UE haya pedido retrasar dos meses la entrada en vigor del decreto y haya pedido "documentación para analizarlo —el caso— más detenidamente", algo que el Gobierno gallego reclama "desde hace tiempo". "Queremos ser considerados porque somos una comunidad perjudicada por este decreto", ha reiterado el conselleiro.

Además, ha destacado que esta noticia se conoce el mismo día en que el Ministerio de Industria ha constituido la comisión de seguimiento del decreto con la presencia de empresas, trabajadores y ayuntamientos, pero sin la presencia de la Xunta "como representante legítimo de todos los gallegos". "Este decreto debe ser paralizado, se deben analizar todos los apartados que puedan perjudicar a Galicia", ha insistido y ha pedido que la decisión tenga en cuenta los intereses gallegos y los "armonice" con los de las otras comunidades.

El decreto, ha insistido el titular de Economía e Industria, llevará a parar las centrales térmicas de As Pontes y Cerceda y "pone en riesgo" más de 3.000 empleos, con un impacto económico de 1.200 millones de euros. Así, ha censurado que, pese a las iniciativas de la Xunta, el Gobierno central "hace oídos sordos" y "negó la realidad" y "desatiende su obligación de hacer una gestión equilibrada de los intereses de las comunidades". En este sentido, ha apuntado que la nueva normativa "traspasa los problemas sociales y económicos de unas comunidades a otras".