El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha el 63% de las líneas de actuación del Plan autonómico de Reducción de Cargas Administrativas, aprobado por unanimidad en el Parlamento el pasado mes de mayo y que ha contado para su elaboración con la participación de los agentes sociales y económicos de la región.

Así lo ha hecho público este martes el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, tras la reunión de la comisión de seguimiento del convenio con la Administración del Estado que establece un marco de intercambio de información sobre la reducción de cargas a nivel nacional.

Mediavilla ha hecho balance de la ejecución del Plan autonómico y ha destacado que su departamento ya está ultimando los trámites para la aprobación del decreto de simplificación administrativa que supondrá "un avance sustancial en el funcionamiento de la Administración Autonómica y en la relación con los ciudadanos".

El titular de Presidencia ha subrayado en un comunicado que este reglamento actualizará, eliminará o simplificará muchos de los tipos de obligaciones de información que "pesan en estos momentos sobre los ciudadanos".

De hecho, según ha explicado, el Ejecutivo regional ha seleccionado y definido el "umbral de sometimiento de las normas conforme al objetivo perseguido", con el fin de disminuir la frecuencia de notificación de datos, algunos de ellos "innecesarios, reiterativos y repetidos en el tiempo y que implican a varias administraciones".

Por ello, ha abogado de nuevo por profundizar aún más en la coordinación administrativa y, en este sentido, ha recordado que próximamente se suscribirá un convenio de colaboración con la Administración General del Estado y el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio de España para la implantación en Cantabria de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano (Ventanillas únicas Empresariales).

Con su puesta en marcha, ha asegurado Mediavilla, se habilitará un "instrumento de presentación única", que simplificará "al máximo el conjunto de relaciones de suministro de información entre las diferentes administraciones implicadas".

Se trata, en definitiva, de instaurar "técnicas de colaboración y coordinación para mejorar las relaciones Administración-ciudadano".

Por otro lado, el consejero ha recordado que el Gobierno también ultima otro decreto que regula el registro y las notificaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma y que refundirá y actualizará toda la normativa sobre la materia.

Mediavilla ha destacado también, dentro de la ejecución del Plan de Reducción de Cargas, el desarrollo de varias acciones formativas destinadas a los empleados públicos para que "apliquen técnicas de legislación sencillas, claras, pero también precisas, utilizando la terminología jurídica con rigor".

Comisión de seguimiento

En la comisión de seguimiento han estado presentes, además del consejero, la directora general de Atención a la Ciudadanía del Ejecutivo regional, María Victoria Fernández, y el director general de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de Administraciones Públicas, Agustín Torres, entre otros representantes.

Durante la reunión, el grupo de trabajo ha analizado además el desarrollo de la aplicación informática de medición de las cargas administrativas, un proyecto en el que colaboran ambas administraciones y que es capaz de cuantificar el coste de la carga, la frecuencia y la población que debe cumplir con un determinado trámite.