La muerte digna en España es un derecho. Maquiavélico y difuso. Pero un derecho. Las rotativas han impreso en las últimas dos décadas multitud de historias de superación. Felices necrológicas de muertes dulcificadas por cuidados paliativos. Y eufóricos reportajes sobre acertados tratamientos que han humanizado muertes irreversibles. Pero lo realmente insólito es que este tipo de historias sean noticia si se analiza la tendencia social : sólo uno de cada diez ciudadanos es contrario a la eutanasia.

La legislación que regula la asistencia paliativa en España es tan imprecisa e hipócrita que prohíbe el suicidio asistido pero permite suministrar al enfermo terminal una dosis letal de cianuro si horas antes se había declarado en huelga de hambre. Existen fórmulas para burlar la ley. Pero la eutanasia está prohibida en España.

Las rigurosas estadísticas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la materia revelan desde hace años que los ciudadanos respaldan la medida. Y películas como Mar adentro, de Alejandro Amenábar, o Million Dollar Baby, dirigida por Clint Eastwood, conmovieron a la sociedad y sedujeron a los escépticos. Pero el Gobierno ignora esta reivindicación social desde la década de los ochenta.

Debate asistencial o debate moral

El último estudio del CIS –realizado hace un año aunque difundido recientemente– refleja que el 60% de los ciudadanos creen que España debería legalizar la eutanasia. Sólo uno de cada diez se opone explícitamente a ello. La radiografía social destaca que la aceptación de la eutanasia no es inherente a la afiliación política o a las creencias religiosas.

Sólo el 3% de los votantes del PSOE y el 4% de los militantes del PP son «totalmente» partidarios de prolongar la vida de un paciente artificialmente cuando no existan esperanzas de curación. Respecto a la posibilidad de que los médicos proporcionen los medios necesarios para que un enfermo en fase terminal se quite la vida, casi el 60% de los votantes conservadores y hasta el 77% de los afiliados socialistas defienden la postura. La Iglesia es la institución que se opone de forma más intensa a la eutanasia y la equipara al homicidio. El PP utiliza un lenguaje más ambiguo: defiende los cuidados paliativos que reconozcan la muerte como «un proceso que no deba acelerarse».

Los datos estadísticos cuestionan –y casi ridiculizan– la postura oficialista. El Gobierno rechazó en mayo la creación de una Comisión a propuesta de ERC para debatir sobre el derecho a la eutanasia y a una muerte digna. El argumento: es necesario resolver el debate asistencial antes de abrir el debate moral. El problema: el debate moral ya ha sido resuelto y el debate asistencial permanece enquistado y sin rastro de signos vitales.

El derecho a morir dignamente

"No interesa resolver un tema delicado que no aporta votos". La postura de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) es contundente. "El Gobierno no despenaliza la eutanasia para no enfrentarse a la Iglesia católica. Y porque las personas moribundas no votan en los comicios y no engordan los resultados electorales". César Caballero, coordinador federal de DMD, es inflexible. Reconoce que se han producido "avances importantes" en la legislación y que España ha evolucionado en cuidados paliativos. "Pero es insuficiente", apunta. Y cita al Reino Unido. "Gran Bretaña es el paradigma de los cuidados paliativos y, sin embargo, una media de 120 ciudadanos viajan a Suiza cada año para morir con dignidad".

La asociación reclama la despenalización de la eutanasia para garantizar la muerte digna en España y evitar el flirteo con prácticas alegales que avalen una atención decente a pacientes en fase terminal.

Andalucía permite la eutanasia pasiva

El Parlamento autonómico aprobó el pasado mes de marzo la primera ley en España que regula los derechos del paciente durante la última etapa de su vida y las obligaciones de los médicos que los tratan.

La denominada ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de Muerte recoge cuatro actuaciones clínicas: la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo del tratamiento, la sedación paliativa y la desconexión en caso de fallecimiento. Y excluye dos de la legislación: la eutanasia directa y el suicidio asistido.

Las caras de la eutanasia

En Europa, sólo Holanda y Bélgica disponen de una legislación que acepta la eutanasia activa. Suiza permite esta práctica pero sólo en _caso de enfermos terminales. A continuación, seis historias de lucha personal por una muerte digna.

Ramón Sampedro

1943–1998: El desafortunado golpe de su cabeza contra una roca lo dejó tetrapléjico. Ini-ció un infructuoso proceso judicial solicitando la muerte digna. Consiguió morir con cianuro ayudado por su amiga Ramona Maneiro.

Inmaculada Echevarría

1955-2007: Padecía distrofia muscular progresiva. La Junta de Andalucía dio luz verde a su deseo de que le retirasen el respirador que la mantenía con vida desde hacía nueve años.

Chantal Sébire

1955-2008: Sufría un irreversible cáncer en la cavidad nasal que se extendía hacia el cere-bro. Solicitó por carta a Sarkozy la legalización de la eutanasia. Ante la negativa, fue hallada muerta. Se quitó la vida con barbitúricos.

Eluana Englaro

1970-2009: Un accidente de tráfico la dejó en estado vegetativo. Su padre consiguió tras-ladarla a un hospital de Udine para suspenderle la alimentación. El caso provocó intensas críticas del Gobierno italiano y la Iglesia.