Un total de 220.739 condenados fueron inscritos en 2009 en el Registro Central de Penados, un 6,9% más que el año anterior, y de ellos una gran mayoría eran hombres, españoles y con una media de edad de 34 años, mientras que las condenas más numerosas fueron por delitos de tráfico.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de sentencias firmes dictadas el pasado año, la tasa de condenados por 1.000 habitantes se situó en 4,72 frente a la de 4,47 de 2008. Del total, el 90,6% eran varones y, por edad, los grupos más numerosos fueron el de 26-30 años para los hombres (17,4% del total) y el de 21-25 años para las mujeres (18,7%).

La mayoría tienen nacionalidad española (71,6% frente al 70,6% del año anterior) y, entre los extranjeros, casi un 40% procedía de países americanos. En lo que se refiere a los delitos por los que fueron sentenciados, el 82,4% lo fue por un sólo delito y el 17,6% por más de uno.

Entre los condenados por un sólo delito y según su tipología, se situaron en primer lugar los cometidos contra la seguridad vial (48,3% del total), seguidos por los de lesiones (11,7) y por robo (8,1). Andalucía fue la Comunidad Autónoma en la que se inscribieron más condenados en el año 2009, con el 20,9% y por detrás se situaron Catalunya (15,2%) y Comunitat Valenciana (11,4%).

Mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron las tasas de condenados inscritos por 1.000 habitantes más elevadas (21,13 y 10,32, respectivamente), por el contrario Castilla y León (3,25), Comunidad de Madrid (3,61) y Extremadura (3,86) presentaron las más bajas. Catalunya fue la comunidad autónoma con más condenados extranjeros (19,1%) seguida de Comunidad de Madrid (15,7%) y Andalucía (14,7%).

En el pasado año se inscribieron 275.458 delitos cometidos, un 3,2%  más que en el año anterior por lo que la tasa por 1.000 habitantes fue de 5,89 frente a 5,78 de 2008 mientras que el número de delitos por condenado se situó en 1,25. El 23,4% de las 624.553 penas impuestas fueron privativas de libertad, mientras que el 51,2% fueron privativas de otros derechos -la más frecuente trabajos en beneficio de la comunidad-, el 25,1% de multa y el 0,3% expulsiones del territorio nacional.