El rechazo de Interior se basa en que corresponde "únicamente" a la Justicia determinar si este acto vulnera la ilegalización de Batasuna y en que, al ser en un recinto cerrado y no en una vía pública, la ley no faculta a Interior para realizar "ningún control ni autorización previa".

"No es el poder ejecutivo, y mucho menos un grupo político, quien tiene que dictaminar si se produce vulneración de decisiones judiciales previas", agregó.

En su respuesta al requerimiento del PP, que ha sido remitida hoy a esta formación, Balza consideró que el Partido Popular "ahonda en la senda de manipulación partidista de la violencia, en el tensionamiento innecesario de la sociedad vasca y en la negación de soluciones políticas, tal y como constantemente todo el resto de grupos del Parlamento vasco le recuerda en cada sesión plenaria".

En su opinión, con esta iniciativa se "vuelve a poner de manifiesto el alejamiento entre la actuación del PP y los principios en los que se sustenta un estado social y democrático de derecho, como el proclamado en la Constitución española, tan ensalzada fraudulentamente por ese partido político".

"Una vez más -añadió Balza- el Partido Popular quiebra deliberadamente el principio de separación de poderes, pretendiendo, en su contumaz visión policial del Estado, que el ejecutivo (autoridad gubernativa y policía) desplace y sustituya en sus funciones y decisiones al poder judicial".

El consejero de Interior recordó que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, ha declarado que corresponde a ese órgano, a instancia de la Abogacía del Estado o la Fiscalía, decidir en este asunto, en el que además la Audiencia Nacional ha abierto diligencias dentro de las actuaciones que llevaron a la suspensión de Batasuna en 2002.

Por ello, sostuvo que el PP ha hecho "por su cuenta" un "enjuiciamiento" que corresponde a esos dos tribunales y además "exige que lo comparta el Gobierno Vasco".

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