Esta ley islámica, instaurada en 1979 por la República Islámica de Irán, condena y castiga los crímenes "contra la voluntad de Dios", incluyendo la prostitución y el adulterio, con la pena de muerte por lapidación.
En la declaración aprobada el Gobierno manifiesta su apoyo a las gestiones diplomáticas que está llevando a cabo la UE ante el Gobierno de Teherán, para evitar la lapidación de Ashtiani.
Asimismo, el Gobierno "hace un llamamiento al Gobierno de Irán para que cumpla con las obligaciones internacionales derivadas del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, del que es parte, y le anima a eliminar la lapidación de su legislación y a ratificar la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes".
El Gobierno se compromete también a abordar este caso en la 15ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará entre el 13 de septiembre y el 1 de octubre en Ginebra.
El Ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos ya abordó la condena a Ashtiani con su homólogo iraní, Manucher Mottaki, en la reunión que ambos mantuvieron durante su reciente visita a España.
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