Como si acudieran a un examen de selectividad o a una oposición. En esa tesitura se han encontrado en los últimos años muchos solicitantes de la nacionalidad española cuando visitaban el despacho del magistrado José María Celemín en el Registro Civil de la localidad madrileña de Getafe.

Conocido ya entre los inmigrantes como "el juez metralleta", este funcionario somete a sus entrevistados a una tanda de preguntas relacionadas con la historia y cultura de España que, según ha explicado a 20minutos.es el portavoz de la subcomisión de extranjería del Consejo de la Abogacía, Francisco Solans, supone una "extralimitación" en sus funciones.

El procedimiento, a priori, es totalmente legal: el artículo 221 del Reglamento del Registro Civil establece que el encargado de valorar la situación de aquellos que quieran tramitar un expediente de nacionalidad tiene que oírles "personalmente" para para comprobar "el grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles".

"Ningún informe negativo"

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han explicado a EFE este lunes que es el Ministerio de Justicia el que toma la "decisión definitiva" y que ninguno de los informes basados en estas entrevistas han sido "negativos". No obstante, la sensación de los que han de pasar por las dependencias madrileñas sí lo es.

Marina Naranjo, colombiana de 49 años, lleva 11 en España y aún no tiene la nacionalidad. Sí posee la tarjeta de residencia permanente, que deberá renovar en 2011 si su expediente sigue "retenido" en el registro. A ella le preguntaron por la Transición, los acontecimientos de 1704 o ciertos nombres de pintores famosos.

Eso fue el 18 de febrero de 2009, y aún no sabe nada. Naranjo califica al juez de "desagradable" y asegura que hasta le gritó durante su encuentro. Miriam Hernández, también colombiana, pasará por el despacho en cuestión en próximo mes de enero, aunque ya hecho uso la famosa chuleta que circula de mano en mano con el posible cuestionario.

Test "para evitar fraudes"

Son 25 preguntas entre las que se piden los nombres de los miembros de la Familia Real, se inquiere sobre la revolución de 1868 o la Guerra de la Independencia, los platos típicos españoles, la Guerra Civil y los derechos constitucionales. "Evitar fraudes", según el TSJM, es el objetivo de la evaluación.

Este test, sin embargo, no se aplica siempre. El marido de Miriam, Carlos, se presentó el pasado 19 de enero de 2009 ante la policía de Getafe y se limitaron a tramitar sus papeles sin más, sin preguntas ni exámenes orales. El consejo de la abogacía está dispuesto a instar al Consejo General del Poder Judicial a que sancione a Celemín.

El organismo, por su parte, asegura no haber recibido aún denuncia alguna ni de ellos ni de la ONG AESCO (America España Solidaridad y Cooperación), asociación que "va a impugnar cada uno de los casos por la vía legal". Por último, el ayuntamiento de Getafe ya se ha dirigido al Registro Civil para pedir información sobre los métodos del juez, aunque no tiene competencias para tomar medidas.