El portavoz socialista, Rafael Fuentes, destacó la "exigencia ciudadana" sobre la necesidad de abordar esta problemática lo antes posible, al tiempo que señaló en un comunicado que el documento debe "recoger el compromiso del Ayuntamiento para adaptar las normas municipales y las medidas sancionadoras a los objetivos marcados en el mismo".

"No podemos esperar más para ponernos todos a trabajar dada la situación en la que viven numerosas mujeres y los problemas de convivencia que se generan en diferentes puntos de la ciudad", manifestó.

Es por ello que, siguiendo la senda de otras muchas ciudades, "hay que establecer la estrategia adecuada para terminar con esta clase de violencia de género asociada a la prostitución, restableciendo las condiciones de convivencia y seguridad".

"La mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución han sido traídas a España engañadas por mafias, que una vez aquí las esclavizan y las explotan sexualmente", lamentó, a la vez que indicó que "nos debe repugnar que mujeres que viven en la miseria sean obligadas a prostituirse por medio de amenazas, coacciones o el uso de la fuerza".

Para poner fin a esta situación, la edil socialista Dolores Fernández explicó que existen planes impulsados por el Gobierno central con la colaboración de organizaciones sociales y comunidades autónomas, en los que se recoge la protección y asistencia social a las mujeres prostituidas, la persecución del delito y de las personas que se lucran con la explotación sexual de las mujeres y acciones de sensibilización social para que la sociedad sea consciente de lo que es y de lo que significa la trata de mujeres y niñas.

Por otra parte, la concejala socialista criticó el retraso en la puesta en marcha de la ordenanza municipal específica sobre prostitución, "después de que el equipo de gobierno del PP rechazara hace nueve meses una propuesta socialista para su elaboración, amparándose en que ya estaba redactada y a punto de entrar en vigor".

En este sentido, destacó la importancia de abordar de forma decidida esta situación, que en muchos de los casos "no sólo atenta contra la persona que la ejerce, sino a los que conviven en su entorno, como es la Alameda de Colón, Puerta de Málaga y polígonos industriales, entre otros puntos".

Así, aseguró que hasta que no se desarrolle la ordenanza "no se conocerán de forma detallada los recursos necesarios para hacer frente de forma acertada a los problemas derivados del ejercicio de esta actividad". De igual modo, Fernández declaró que otras ciudades españolas han abordado ya esta cuestión, consiguiendo "importantes avances".