En declaraciones a Europa Press, el secretario general de CC.OO. Aragón, Julián Buey, anunció que los dos sindicatos han convocado estas movilizaciones para el próximo 8 de junio "en contra de la agresión del Gobierno al conjunto de los trabajadores" y en las que esperan un seguimiento "importante".

En concreto, las movilizaciones partirán a las 19.00 horas de la Plaza de Navarra de Huesca, y a las 20.00 horas de la Plaza de España de Alcañiz, la Plaza de San Juan de Teruel y la Plaza de España de Zaragoza y se ha convocado a toda la sociedad: pensionistas, jóvenes, trabajadores del sector público y privado, entre otros.

Estas protestas se unirán a la huelga general del sector público convocada para este mismo día en toda España en rechazo de las medias propuestas por el Ejecutivo central para reducir el déficit y que contemplan una rebaja de un 5 por ciento de media de las retribuciones del personal del sector público desde este verano, que se congelarán en 2011, la eliminación de la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir de 2011 y el recorte de los salarios de los miembros del Gobierno en un 15 por ciento.

Por otro lado, Julián Buey reiteró que si el Gobierno central aprueba una reforma laboral "lesiva para los trabajadores" se convocará una huelga general conjunta. "Si es necesaria una reforma laboral, ésta debe ser acordada con los empresarios y los sindicatos" ya que "sólo puede tener eficacia si estamos de acuerdo", sostuvo.

Ayuntamiento de zaragoza

El secretario general de Comisiones Obreras en Aragón indicó que no van a permitir que el ahorro en el Ayuntamiento de Zaragoza "se haga a costa del bolsillo de los trabajadores, porque hay muchas áreas en las que se pueden ahorrar recursos y recortar salarios es lo más rápido pero no lo más justo para ellos".

El Ayuntamiento de Zaragoza prevé un ahorro de alrededor de 5,5 millones de euros en 2010 a causa de la bajada de salarios de los funcionarios un 5 por ciento de media y un 15 por ciento en el caso de los altos cargos. Además, podría verse obligado al ahorro de alrededor de 2,8 millones en el marco del recorte de gasto en la Administración marcado por el Estado.