La Comisión de Medio Ambiente dio luz verde con los votos de los tres grupos parlamentarios a una iniciativa en la que reclaman al Gobierno gallego que diseñe una "estrategia gallega" de reciclaje de residuos procedentes de la construcción y demolición en la que se incluya una normativa de puntos controlados para la eliminación de los restos que no se puedan volver a usar.

El acuerdo, el único logrado hoy en este órgano parlamentario, se produjo en virtud de una proposición no de ley impulsada por el diputado del PPdeG Daniel Varela, transaccionada con la oposición. Mientras que los socialistas pidieron especificar la elaboración de un plan, los nacionalistas demandaron precisar la necesidad de impulsar el reciclaje y la valorización de residuos.

Así las cosas, los grupos acordaron que la Xunta elabore, de acuerdo con la legislación vigente y consultando a las entidades locales, una estrategia gallega que "apueste por la valorización y reciclaje", para el establecimiento de instalaciones controladas de eliminación de aquellos residuos de la construcción y demolición que "no sean susceptibles de ser reciclados o valorizados".

Tal y como recoge la propuesta aprobada, estos puntos de eliminación deben contar con "las debidas garantías que faciliten su depósito en lugares especialmente habilitados", con el objetivo de "paliar el efecto negativo en el paisaje y medio ambiente". "Los escombros de las obras son un problema", comenzó Daniel Varela su intervención, a propósito de la necesidad de establecer puntos adecuados para su depósito.

Responsabilidad de empresarios

Así, explicó que la pretensión de la iniciativa radica en que las distintas administraciones cooperen para mejorar el impacto visual y medioambiental que producen estos residuos. No obstante, el parlamentario popular hizo hincapié en que los restos de la construcción y demoliciones son responsabilidad "de los empresarios".

Durante el debate, la parlamentaria nacionalista Isabel Sánchez Montenegro expuso algunos datos sobre reciclaje para lamentar que el porcentaje es "muy bajo", ya que apenas llega al 13 por ciento en el caso de demoliciones controladas y al 5 por ciento en el caso de que a ellas se sumen las actuaciones incontroladas. A esta situación, sumó el hecho de que, según indicó, "el 95 por ciento de los residuos de construcción y demolición se puede utilizar".

En este sentido, la parlamentaria socialista Carmen Gallego subrayó que el Ministerio de Fomento utiliza los restos de demolición para "nuevas carreteras" y propuso que la Xunta secunde esta iniciativa. "Hagan un plan y nosotros estaremos aquí para aportar nuestras sugerencias", sentenció.