Agencias estatales, consorcios públicos, entidades empresariales, fundaciones, organismos autónomos, sociedades mercantiles... Su nombre varía, pero todos tienen un apellido común: son empresas públicas que dependen del Estado o de las comunidades.

Actualmente hay 2.447, un 78% más que hace diez años, según el último inventario de la Intervención General del Estado. De todas ellas, 1.970 están gestionadas por los gobiernos autonómicos (se han disparado un 90%), y 477, por el Ejecutivo central (han crecido un 43%). No hay datos fiables de a cuánto personal dan trabajo pero, según un estudio del economista José Amengual, controlan el 30% del presupuesto total.

Estas empresas públicas están siendo poco a poco diana de los planes de recortes que Gobierno y comunidades están trazando. Zapatero sólo prevé eliminar 29 entes públicos, suprimiendo totalmente 14 y fusionando otros 24. A nivel autonómico, Canarias, Madrid, Cataluña, Valencia o Andalucía también han anunciado medidas de ajuste.

En Canarias, el Ejecutivo regional anunció el martes que en 2011 reducirá sus empresas públicas entre un 30 y un 40%. En Valencia, la Generalitat ha aprobado eliminar el 25% de sus sociedades y fundaciones públicas a través de diferentes fórmulas de fusión o extinciones. El objetivo, ahorrar 115 millones.

Madrid no apuesta de momento por adelgazar su número de entes públicos, sino en bajar los miembros de los "consejos de administración, los gerentes y los directores" de los mismos.

En Andalucía, la Junta va a negociar con los sindicatos la reducción de salarios a los trabajadores de las empresas públicas. En Cataluña, todas las empresas están en el ojo del huracán: desde TV3 hasta la Agencia Catalana del Agua, pasando por los albergues juveniles y el Teatre Nacional. Todos los entes están en el punto de mira de una comisión que está estudiando cómo adelgazar la Administración. En Extremadura, 18 empresas se han fusionado ya en seis y Aragón liquidará otras seis y retirará inversión de 25 más.

Castilla-La Mancha

Los ajustes que ahora se están realizando motivados por la crisis, dos años después de su inicio, no esconden que el número de entes públicos creció alegremente entre 1998 y 2008 (la década analizada). Castilla-La Mancha encabeza el ranking (ver mapa), al pasar de 8 a 62 organismos (un crecimiento del 675%). Le han seguido Andalucía (un 262% más en diez años) y Murcia (un 196% más). En el otro lado de la balanza, el País Vasco, donde sólo se han creado un 14% más de entes públicos.

Para UPyD, el partido liderado por Rosa Díez, este capítulo es vital para ahorrar. Y pone un ejemplo. Del año 2003 al 2008, España pasó de tener 163 fundaciones públicas a 541. La mayor parte de ellas, 344, son autonómicas. Según Díez, estas fundaciones tienen una deuda de 44.000 millones. Eso, si sólo analizamos a las fundaciones. Según datos del Banco de España, las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas acumulaban una deuda de 15.400 millones en 2009, un 20% más que el año anterior. La deuda de las empresas estatales era de 25.400 millones, un 19% más.

Fuera de nuestras fronteras, el Reino Unido ha tomado una de las iniciativas más drásticas en lo referente a sus empresas públicas, que allí se conocen como quangos. El nuevo Gobierno de coalición quiere ahorrarse 700 millones de euros reduciendo el gasto de sus 800 organismos.

Y más de 4.000 altos cargos

Los 17 gobiernos autonómicos tienen 3.760 altos cargos, asesores y cargos de confianza, según publicó 20 minutos el pasado 25 de enero. Según las estimaciones del sindicato USO, los sueldos de todos estos puestos suponen un coste anual de 180 millones de euros. El Gobierno central tenía 409 antes del 30 de abril, cuando anunció que suprimía 32. Según el PP, todos sus salarios suman unos 82 millones de euros.