La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, exigió hoy al Gobierno central que "aclare urgentemente el alcance exacto del recorte de las retribuciones a los empleados públicos de toda España", según informaron fuentes del Ejecutivo regional.

Durante la reunión que mantuvo en Madrid con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí, Reverte reclamó la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, para que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega explique "con total claridad" a los responsables autonómicos y municipales el contenido "exacto" de las medidas anunciadas por el presidente Rodríguez Zapatero.

La consejera advirtió de que la "letra pequeña" o "los detalles" que quedan por definir "pueden suponer cientos de millones de euros de diferencia", por lo que, a su juicio, "es necesario eliminar cuanto antes la incertidumbre de las comunidades autónomas y de centenares de miles de empleados públicos de toda España, que, una semana después del anuncio realizado por Zapatero, aún no conocen la repercusión exacta de las medidas anunciadas".

El recorte "se podría haber evitado"

Reverte aseguró que "la aplicación de medidas tan drásticas como el recorte retributivo a los empleados públicos por primera vez en la historia de España se podían haber evitado si el gobierno central hubiera tomado otras en su debido momento, antes de llegar a la situación límite en la que se encuentran las cuentas del Estado".

La titular de Presidencia y Administraciones Públicas defendió que "los empleados públicos de toda España no son responsables de la pésima gestión económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero, y, sin embargo, ahora tienen que pagar las consecuencias".

Agregó que "si estas medidas se hubieran consultado previamente con las comunidades autónomas, podríamos haber propuesto otras soluciones menos graves". En este sentido, expuso a la secretaria de Estado el Plan de Austeridad en gastos de personal elaborado por el Gobierno regional y que, "aplicado a gran escala en todas las administraciones públicas generaría un ahorro considerable".

La responsable de la función pública regional abundó que el valor añadido de la aplicación de ese plan es que "serviría para reorganizar los servicios administrativos de la Administración del Estado, redimensionando sus estructuras en función de las prioridades y eliminando aquellos departamentos redundantes o simplemente prescindibles".