Según explicó la asociación en un comunicado, el informe de Fiscalización de la Planificación y el Desarrollo Urbanístico de los municipios costeros de Cantabria del Tribunal de Cuentas señala que el primer objetivo del Gobierno debe ser la adaptación de las normas urbanísticas municipales a la Ley del Suelo y al Plan de Ordenación del Litoral (POL).
Sin embargo, criticó que la política de Mazón "va en sentido radicalmente contrario" y puso como ejemplo la reciente modificación de la Ley del Suelo y del POL para que los ayuntamientos que no han cumplido con la exigencia legal de adaptar su planeamiento urbanístico puedan autorizar el cambio a usos residenciales de "miles cuadras y cabañas aisladas en suelos rústicos y de especial protección".
"El Tribunal de Cuentas dice en su informe que Cantabria debe facilitar la adaptación de los ordenamientos urbanísticos, impulsando primero la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y de protección medioambiental que le compete, pero lo que ha hecho Mazón es justamente lo contrario, abandonar la tramitación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) y recortar las medidas de ordenación y protección del POL y las Normas Urbanísticas Regionales (NUR)", denunció ARCA.
Por último, la asociación mostró su "coincidencia general" con el análisis y las conclusiones del Tribunal de Cuentas, porque, a su juicio, "dibujan con precisión el caos territorial, legal y urbanístico que sufre buena parte de los municipios costeros de Cantabria".
ARCA también comparte las "críticas a la gestión de los ayuntamientos", a quienes se acusa, entre otras cosas, de "no contabilizar adecuadamente todo el dinero que obtienen por su intervención en el urbanismo".
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