En su iniciativa, Arrúe recuerda los datos que salieron publicados hace unos días en los principales periódicos sobre los primeros resultados de las actuaciones llevadas a cabo por el Negocio de Control e Inspección del área de Acción Social de Bilbao, en los que se reflejaban cifras de fraudes "desmesuradamente altas" (cerca de cinco millones de euros anuales), además de relatar historias "alarmantes y rocambolescas".

La edil getxotarra destaca que no es la primera vez que se detectan irregularidades en el cobro de la Renta Básica. "Ya en el año 2007, la Diputación Foral de Vizcaya, detectó un 30 por ciento de casos de cobro indebido o injustificado entre los expedientes revisados", señala.

Asimismo, añade la portavoz popular, "hace ahora dos años que el Gobierno vasco elaboró un estudio sobre los perceptores de Renta Básica que, entre otros extremos, ponía de manifiesto un riesgo de fraude en el 15.6 por ciento de los perceptores de este tipo de ayuda social".

A ese respecto, el diputado de Acción Social de Bizkaia manifestó que existen casos de economía sumergida que el Departamento no puede detectar, ya que no tiene recursos para inspeccionar esa realidad.

Por ello, Arrúe cree necesaria la creación de una unidad específica de inspección "no sólo por razones de justicia, ya que las ayudas deben de estar dirigidas a situaciones de necesidad real, sino también por razones prácticas, ya que de esta forma se puede llegar a más personas que realmente lo necesiten".

Los populares entienden que "dichas labores de control han de llevarse a cabo desde Gobierno vasco, en colaboración con Diputación y Ayuntamiento que es, a la postre, quien atiende al ciudadano a través de los servicios sociales de base. Pero esta colaboración conjunta no implica que cada Ayuntamiento no pueda revisar el destino final de las ayudas sociales".

Por todo esto, el Partido Popular de Getxo presentará en el próximo pleno, adelantado al 29 de abril, una moción en la que insta a que el Ayuntamiento se comprometa a crear, antes de que finalice el próximo verano, una unidad específica de inspección de ayudas sociales propia que, en colaboración con la unidad técnica de inclusión social, ayude a la identificación y seguimiento de las posibles irregularidades de los usos de las ayudas sociales.