La Fiscalía de Málaga les acusa a ambos por un delito contra la hacienda pública y por otro continuado de falsedad documental y solicita cuatro años y medio de prisión para cada uno y el pago de más de un millón de euros de multa en total.

Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, el acusado, como cualquier otro abogado en ejercicio, estaba obligado a llevar los libros de registros de gastos, ingresos, bienes de inversión, provisiones y facturas emitidas. En junio de 2002, el letrado y su mujer presentaron autoliquidación del IRPF de 2001 y solicitaron devolución a la Hacienda Pública de 8.733 euros.

Pero los acusados "ocultaron en su declaración" que Sierra había obtenido "cuantiosos ingresos en 2001 procedentes del Ayuntamiento". Según recuerda el fiscal, en enero de 2001, la comisión de gobierno aprobó la ratificación de un convenio transaccional suscrito entre el acusado y el alcalde accidental Julián Muñoz, en el que el Ayuntamiento reconocía adeudar al acusado más de dos millones de euros como honorarios en cuatro procedimientos judiciales.

Así, según explica el ministerio público en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, a cambio de desistir en las reclamaciones, el Ayuntamiento ofreció el pronto pago de la deuda, con una reducción en las cuantías, fijándola en 1,5 millones de euros. En cumplimiento de dicho acuerdo transaccional, Sierra recibió en 2001 un total de 1.034.203 euros, "ingresos que no se incluyeron en la declaración anual de IRPF".

Tampoco incluyó, según el fiscal, una minuta recibida de General de Galerías Comerciales. La Agencia Tributaria comenzó el expediente en junio de 2003 y tras varias actuaciones inspectoras se constató que Sierra "carecía de todos los libros legales obligatorios, limitándose en el curso del procedimiento a aportar facturas que supuestamente justificaban los gastos que por importe de 43.222 euros había incluido en la autoliquidación del impuesto".

Además, "pretendió justificar más gastos" mediante recibos de entidades, vinculadas a él y a la mujer, que se elevaban a 642.887 euros. Estas facturas fueron emitidas por empresas dedicadas a sectores diferentes, como la producción de películas, "sociedad inactiva"; al comercio de bebidas y tabacos, empresa a la que en 2001 "no le constan operaciones de venta"; y al arrendamiento de bienes, que "al igual que las anteriores no tiene trabajadores dados de alta".

"La inclusión en la base imponible de los ingresos ocultados por los acusados determina la existencia de una cuota diferencial dejada de ingresar por importe de 253.528 euros, cantidad en la que resulta perjudicada la hacienda pública", señala el ministerio público en su escrito, en el que se precisa que los acusados "han consignado en el juzgado instructor el importe de la deuda tributaria defraudada a resultas del procedimiento".

Para el fiscal, se trata de un delito contra la hacienda pública, por el que solicita para cada uno de los acusados dos años y medio de prisión y multa de 510.000 euros, así como la prohibición de obtener subvenciones o incentivos fiscales durante cinco años. Además, también se les acusa de un delito continuado de falsedad documental, por el que se pide dos años de cárcel y multa de nueve meses a 100 euros por día, también para cada uno.