Así lo advierte el último informe anual del Observatorio europeo del racismo y la xenofobia (EUMC), presentado esta semana en la sede del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas. Como ejemplos de países europeos con un problema similar el informe cita a Dinamarca, Letonia, Lituania, Hungría y Eslovaquia.

El estudio señala que ciertas comunidades autónomas españolas han lanzado planes de educación con el objetivo precisamente de repartir el número de inmigrantes entre escuelas públicas y privadas. Y añade: "en particular, en ciertas zonas de Cataluña, se constata una fuerte fractura social en materia de educación.

Se ha sabido recientemente que entre las escuelas privadas subvencionadas por el Estado el 66 por ciento de los alumnos pasan al nivel de enseñanza secundaria superior, frente a un 45 por ciento en las escuelas públicas".

"En los últimos diez años, algunas escuelas han pasado de tener una población escolar de gitanos de entre el 30 y el 40 por ciento sobre el total a más de un 80 por ciento", cita ese informe de la CE.

Además, explicaba que, cuando hay demasiada presencia de alumnos gitanos en una determinada escuela,

algunas familias no gitanas deciden "sacar a sus hijos de esa escuela" para inscribirles en otra que ofrezca "más posibilidades" de aprendizaje.

En el apartado de discriminación en el sector educativo en España, el informe recoge los casos de "una escuela francesa de Madrid que expulsó a dos hermanas por llevar el pañuelo en la cabeza" y el de una escuela catalana cuyo director "prohibió a dos de sus alumnas que llevaran el chador", para lo cual tuvo que intervenir el Gobierno de la Generalitat.

Por el contrario, como ejemplo de buenas prácticas en este ámbito en España, el informe recoge el caso de una escuela de Badalona (una ciudad al norte de Barcelona "con mucha población inmigrante y gitana") que publicó un libro de cuentos y leyendas de las 11 nacionalidades representadas entre sus alumnos.

El EUMC es un organismo de la Unión Europea, que tiene su sede en Viena, que comenzó a funcionar en 1998 y que será la base de la futura Agencia de derechos fundamentales de la UE, la cual debería ponerse en marcha en enero de 2007.