En una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo y en la que estuvo acompañada por la concejala Margarita Vega, consideró que la operación para la construcción de un aparcamiento subterráneo por la empresa Comamsa en el centro de Oviedo es "oscura, desorbitada, muy agresiva y probablemente ilegal", además de "innecesaria" para pagar la deuda por la retasación del palacete de Villa Magdalena.

Al respecto, acusó al alcalde, Gabino de Lorenzo, de "mentir" en el valor del acuerdo alcanzado -y cuyos términos el PSOE conoce por los medios de comunicación- y en las cantidades que se adeudan, que, según la socialista, no son 27,6 millones de euros, sino 21.

Explicó que de los 29,5 millones de euros, más de once han sido ya satisfechos, con lo que la deuda asciende a 18 millones más los intereses "y no a los más de 27 que sostiene el alcalde".

Criticó además que el acuerdo entre el Ayuntamiento y el empresario propietario de Comamsa reportará a la empresa "más de cien millones de euros de cifra de negocio, para abonar el pago de una biblioteca valorada en tres".

Según los cálculos del PSOE, la empresa se beneficiará de la cesión de 41.000 metros cuadrados del subsuelo de la calle Uría y de otros 23.000 metros para aprovechamientos urbanísticos en la zona de Las Campas-Paniceres.

Siempre según sus estimaciones, la construcción y comercialización de entre 15.000 y 20.000 plazas de aparcamiento a un precio medio de 46.000 euros supondría para la empresa unos beneficios de 69 millones de euros, a los que habría que sumar la venta a 800 euros el metro cuadrado del terreno que se les "regala" en otras zonas de la ciudad.

Con todo ello, Sainz consideró que el acuerdo supone poner en manos de la empresa más de lo que ésta reclamaba judicialmente por la retasación. "No solo le entrega propiedades y aprovechamientos cuyo valor está muy por encima del que se recoge en el acuerdo, sino que se le concede una expectativa de negocio escandalosa y un beneficio futuro incalculable", criticó.

Para los socialistas se trata de "un pufo generado por una negligencia grave y continuada del alcalde", cuyo coste tendrán que pagar "todos los ovetenses". "Estamos hablando de sobrecostes millonarios, es urgente que de explicaciones", exigió la portavoz.