En su escrito, Arana precisa que el desarrollo de la Ley debe seguir "los criterios técnicos de los informes jurídicos recabados al efecto" durante el procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general.

En el tercer punto de su propuesta, el dirigente de izquierdas insta al Ejecutovo "a reforzar y coordinar con el resto de administraciones públicas los mecanismos de inspección y control para prevenir el fraude en la utilización de las ayudas sociales".

Desde ese punto de vista, plantea iniciar mecanismos de información a la ciudadanía, "con el fin de evitar la proliferación de prejuicios en torno a las personas perceptoras de las distintas ayudas sociales, especialmente en todo lo concerniente a las rentas complementarias de ingresos de trabajo".

Organizaciones en contra

En la justificación de su iniciativa, Arana resalta que "más de 30 organizaciones sociales y sindicales, de muy diversas ramas de actividad y procedencias, se han unido para criticar duramente lo que ellos han calificado como 'un recorte drástico de las ayudas sociales' en el peor momento posible, esto es, la actual coyuntura de crisis económica".

En este sentido, el parlamentario de EB recuerda que, a finales de febrero y principios de marzo, se han celebrado diversas manifestaciones, y ha habido comunicados y ruedas de prensa por parte de colectivos que trabajan en contra de la exclusión social respecto al desarrollo reglamentario que se está realizando de la Ley de Garantía de Ingresos y la inclusión social.

El representante de EB señala que en Euskadi existen aproximadamente 39.737 hogares vascos que se ven afectados por alguna situación de riesgo, como queda recogido en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2008, en la que se detallaba las situaciones de riesgo de pobreza y las situaciones de riesgo de ausencia de bienestar.

A su entender, "esto supone un impacto de las situaciones de riesgo de pobreza, en cualquiera de sus dimensiones, en un 5 por ciento de los hogares de nuestra Comunidad Autónoma". "Si hablamos sobre las personas afectadas individualmente, se calculaba el año pasado que un total de 100.250 se veían afectadas, representando aproximadamente un 4,7% de la población total", precisa.