El director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Jaime Vicente, manifestó hoy que ya se ha finalizado el mapa de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo en la Comunidad autónoma, sumando un total de 519 fosas, tras haber visitado 1.150 localidades —549 en Huesca, 314 en Zaragoza y 287 en Teruel—, si bien precisó que podría aparecer nuevas.

Así lo señaló durante su comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, a propuesta de la consejera del ramo, María Victoria Broto, para informar sobre este mapa, el protocolo de actuaciones en exhumaciones y otras intervenciones relacionadas con el Programa 'Amarga Memoria'.

Jaime Vicente manifestó que el proceso de localización de fosas ha sido "muy complejo" por los efectos del paso del tiempo, la modificación del paisaje, la "inexactitud" de los recuerdos o los traslados anteriores de restos, entre otras cosas.

Asimismo, indicó que desde 2005 hasta ahora se han exhumado 19 fosas en Aragón, entre cuatro y seis por año, y recordó que este proceso se inicia "siempre a petición de los familiares". Al respecto, opinó que hay aportaciones económicas "suficientes" de la Administración para las exhumaciones propuestas por familiares y asociaciones en la Comunidad autónoma.

En relación con el protocolo elaborado por el Gobierno de Aragón para hacer las exhumaciones —que considera los restos humanos como restos arqueológicos—, Vicente explicó que lo hace "nunca peyorativamente", sino para "garantizar el control, rigor y máximo respeto a esos restos".

A su entender, este procedimiento es el "único que garantiza fiabilidad y seguridad" para los restos y permite su protección "inmediata", de forma que cualquier actuación sobre ellos debe ser autorizada por la Administración y se debe tener en cuenta su existencia antes de realizar cualquier proyecto sobre el territorio.

Agregó que el protocolo prescribe que se debe contar con la autorización de los familiares para realizar las exhumaciones y que se debe procurar con todos los medios posibles la localización de los familiares antes de actuar en una fosa. MONOLITOS

El director general anunció que se van a instalar monolitos en todas las fosas comunes aragonesas con el objetivo de "dignificarlas" y para que "sirvan de recuerdo permanente de una etapa de la historia tan triste". En ellos, figurarán los nombres de las personas allí enterradas, las causas por las que fallecieron y una referencia genérica de rechazo a las guerras y los enfrentamientos.

Según comentó, se ha encargado el diseño del monolito tipo al artista Ricardo Calero, por ser "muy sensible, sutil y reflexivo", y estimó que se irán colocando a lo largo de 2010 y 2011. A su entender, estos monolitos contribuirán a mostrar la "intensidad y extensión de la represión" en Aragón y llevarán "a la reflexión" para "impedir" que algo así "vuelva a ocurrir".

El director general recordó que el Programa 'Amarga Memoria', en el que se enmarcan estas actuaciones, también incluye otras de divulgación, investigación, documentación y recuperación del patrimonio y se mostró "abierto" a recibir las sugerencias de los grupos de las Cortes de Aragón respecto al programa.

A su entender, 'Amarga Memoria' y la ley estatal de la Memoria Histórica están contribuyendo a "cerrar ahora heridas que nunca estuvieron bien cerradas" y aseguró que los familiares "no quieren ni revanchas ni abrir juicios", sino recuperar y revalorizar los restos.

No resucitar viejos odios

El diputado del Partido Popular (PP), Miguel Navarro, consideró "legítima" la petición de quienes "ansían encontrar y honrar la memoria" de sus familiares y estimó que es preciso apoyarles para "resarcir a las víctimas", pero también pidió respeto a quienes "quieren pasar página y no resucitar viejos odios" después de 30 años de democracia.

La parlamentaria de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, estimó de "justicia social" recuperar la memoria "tras un silencio institucional" mantenido "durante décadas" y solicitó al Gobierno de Aragón "mayor apoyo" para la financiación de los proyectos de exhumación y que se "implique" en ellos y recordó que las familias "están exigiendo mayores facilidades".

El portavoz de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, valoró positivamente el programa Amarga Memoria, aunque lo consideró "insuficiente" y pidió la anulación de los juicios para dejar de considerar "como bandoleros y asesinos" a quienes defendieron un régimen democrático; se condene la "exaltación del franquismo"; y que la Administración actúe de oficio en la exhumación de los restos y apoye "legal, administrativa y psicológicamente a las familias".

El diputado del Partido Socialista (PSOE), Carlos Álvarez, uno de los grupos que apoya al Gobierno de Aragón, consideró un "acierto" la actuación del Ejecutivo en esta materia, con un protocolo para las exhumaciones "garantista" y defendió la necesidad de seguir trabajando "para recuperar la memoria de quienes sufrieron injusticia" y potenciar el conocimiento de esa etapa de la historia "para no repetir errores".

La diputada del Partido Aragonés (PAR), María Herrero, otro de los grupos que apoya al Gobierno, subrayó, por un lado, que Aragón se "adelantó" a la ley estatal de la Memoria Histórica para "revalorizar la dignidad de los defensores de la democracia", ya que el Programa 'Amarga Memoria' se puso en marcha en 2004 y la ley es de 2007, y apostó por alcanzar, en esta materia, el "equilibrio" entre quienes no quieren mirar al pasado y quienes "se obsesionan con la vista al pasado".