La crisis económica relanzó el fraude fiscal en España en 2009, con lo que la economía sumergida total alcanzó el 23,3% del PIB, 0,7 puntos porcentuales más que en el ejercicio anterior, lo que equivale a 244.918 millones de euros, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El crecimiento del fraude fiscal y la caída de la actividad económica lastraron las cuentas tributarias en el último decenio, con un desplome de 27.362 millones de euros hasta noviembre de 2009.

Las partidas que más escaparon al control del Fisco fueron el IVA y el Impuesto de Sociedades, cuya recaudación se desplomó un 29,8% y un 23,1%, respectivamente, o lo que es lo mismo, no se declararon más de 19.000 millones de euros (13.677 millones del IVA y 6.007 millones de Impuesto de Sociedades).

Desde Gestha achacaron el impago al Fisco a la crisis y precisaron que las empresas prefieren evadir impuestos porque es "menos difícil" de pagar las posibles sanciones que el impago a empleados y a proveedores. Además, el fraude se concentró en el sector inmobiliario, donde se defraudó cerca de 8.800 millones de euros anuales.

Así, desde Gestha estiman que el Estado dejó de ingresar 71.000 millones de euros en los últimos diez años.

Navarra y Valencia, a la cabeza

Por comunidades, Navarra (6,8%) y la Comunitat Valenciana (5,6%) capitanearon los crecimientos de la economía sumergida durante los últimos diez años, seguidas de Andalucía (5,5%), Murcia (5,5%) y La Rioja (5,5%). Castilla y León, Cantabria y Aragón aumentaron su tasa de economía sumergida un 5,5% en este periodo. Las comunidades que más contuvieron el crecimiento de su fraude fiscal fueron Asturias y Extremadura, con aumentos del 0,6% y del 0,8%, respectivamente.

Madrid y País Vasco fueron las únicas que lograron reducir el fraude fiscal entre 2000 y 2009, con descensos del 0,8% y 1,2%, respectivamente.

Los Técnicos de Hacienda instaron a las autoridades a luchar contra la economía sumergida para elevar los ingresos, en lugar de "cargar las tintas" sobre los trabajadores, y rechazaron la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años.

Asimismo, Gestha abogó por un plan "eficaz" de lucha contra el fraude destinado a reducir hasta en diez puntos porcentuales la economía sumergida, con la recaudación de unos 38.500 millones de euros adicionales al año. El colectivo emplazó al Gobierno a incluir políticas que otros países de la UE ya aplican, como publicar una estimación oficial de la bolsa de dinero negro cada dos o tres años.