La Xunta acudirá mañana a las negociaciones con el Gobierno central sobre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Ley de Cajas dispuesta a modificar la normativa gallega, siempre que los cambios no recorten capacidades autonómicas que sí fueron admitidas en otras comunidades, y con el aviso de que recurrirá el decreto para la reforma del mapa financiero si no hay acuerdo sobre el mismo.

Fuentes del Gobierno gallego indicaron a Europa Press que su postura respecto a la ley será "sobre todo" la de "explicar y defender" una normativa que, recordaron, fue aprobada por "una amplia mayoría" del Parlamento —la respaldaron PPdeG y BNG y la rechazó el PSdeG— y recibió el aval de los servicios jurídicos de la Cámara. "A la luz del recurso", agregaron, "la Xunta considera que el Estado no ha entendido bien algunos puntos".

Las dos reuniones, insistieron, "son diferentes". La primera de ellas, la de la comisión bilateral Xunta-Estado para abordar el FROB, está prevista para las 12.00 horas en el Ministerio de Política Territorial. A la misma acudirán, por parte de la Xunta, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, y cargos más técnicos, como el director de Política Financiera y Tesoro; el subdirector de Supervisión de Cajas de Ahorro y Entidades Financieras; la directora de la Asesoría Jurídica de Presidencia; el director de Relaciones Institucionales y Parlamentarias y la jefa del Servicio de Documentación de esta última dirección general.

La convocatoria de esta comisión bilateral fue solicitada por el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo en septiembre de 2009, con el fin de que los gobiernos central y autonómico buscasen un acuerdo para evitar que el segundo interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto por el que se crea el FROB.

La Xunta lamentó que el Ejecutivo central haya tardado cinco meses en convocar la reunión, a la que el equipo de Feijóo acudirá, no obstante, "con ánimos de lograr un acuerdo". Si no es así, el Gobierno gallego "optará por presentar un recurso de inconstitucionalidad" contra el FROB "por responsabilidad en la defensa de las competencias que atribuye el Estatuto a Galicia". En cualquier caso, este proceso no paralizaría necesariamente la aplicación del fondo, por lo que las fusiones que están en marcha con dinero estatal no se verían afectadas.

Punto de desacuerdo

La Xunta considera que el decreto "elimina en determinados supuestos" la necesaria autorización del Gobierno gallego en casos de fusión o disolución de las cajas de ahorros con sede en la comunidad, una potestad que la carta estatutaria concede a la comunidad en su artículo 30.

En concreto, el Gobierno gallego manifestó su desacuerdo con la posibilidad que el FROB da al Banco de España de intervenir una caja, si considera que su situación es tal que precisa ser rescatada. En este supuesto, el regulador pediría un informe al departamento autonómico competente, pero no tendría carácter vinculante.

Las mismas fuentes subrayaron que "no sólo Galicia tiene dudas sobre la constitucionalidad del FROB", sino que son seis las comunidades que pidieron la convocatoria de las respectivas comisiones bilaterales y alguna de ellas, como Cataluña, respaldó su postura con un informe del Consell Consultiu —Consejo Consultivo—.

Ley de cajas

La primera reunión para negociar sobre la Ley de Cajas gallega —contra la que el Estado presentó un recurso ante el Constitucional— está convocada para las 17.30 horas, en el mismo lugar que la anterior, y en la misma estará presente, además de Fernández Currás, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Por parte del Gobierno central, acudirán el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro.

La Xunta considera que el Ejecutivo español "no ha entendido bien algunos puntos" de la ley gallega, que —sostiene— son "semejantes" a los que recogen otras leyes "no recurridas", por lo que "ofrecerá explicaciones comparando con otras comunidades autónomas" y advirtió que "no aceptará que lo que vale para otras autonomías no se admita en Galicia". Asimismo, los representantes gallegos están convencidos de que los argumentos "les dan la razón".

La Consellería de Facenda no especificó cuántos de los preceptos impugnados (dies en total) son irrenunciables, pero su titular, Marta Fernández Currás, ya avisó de que no está dispuesta a renunciar a determinados puntos, entre ellos, el que explicita que la participación de una caja gallega en un sistema institucional de protección (SIP) necesitará una autorización previa de la Xunta.