También alegaron que no comprobaban el material porque la ley no les obligaba a ello, y además confiaban en que la empresa suministradora les vendiera los productos homologados.

Asimismo, Rafael B.E. y Maria Rosa E.L. reconocieron que las cuatro víctimas mortales en la explosión no estaban dadas de alta en la Seguridad Social en el momento de los hechos, ya que eran una empresa familiar y lo hacían cuando podían.

También declararon que desconocían si los fallecidos habían recibido la instrucción necesaria en temas de seguridad, y, en caso de no ser así, recordaron que en la nave había carteles informativos en ese sentido.

Esta tarde seguirán declarando el resto de imputados; entre ellos, los dos encargados y el guardia civil responsable de los controles de seguridad en la pirotécnica.

La explosión se produjo el 3 de junio de 1993 en el interior de la nave III. La expansión de la onda calorífica provocó tres explosiones más en cada una de las naves de trabajo. La explosión causó la muerte de cuatro personas y heridas de diversa consideración a cinco personas más, así como numerosos daños materiales.