Así, "el círculo lo empezó él mismo dando las licencias comerciales a los locales del interior, poniendo en serio riesgo los intereses del municipio por las posibles indemnizaciones a las que podría enfrentarse el Ayuntamiento, y se ha cerrado con este decreto", explicó en un comunicado el edil del PSOE.

Por esta razón, Matos consideró "demostrado lo que dijimos en su día, que la multinacional francesa y CC se habían puesto de acuerdo, en una reunión secreta celebrada en la Gerencia y que contó con la participación del propio alcalde, la concejala de Urbanismo, Aymara Calero, y los abogas de Alcampo, para poner en marcha una batería de medidas con la única finalidad de no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ilegalizaba las licencias comerciales otorgadas en su momento".

Sin embargo, el primer paso para la legalización de la galería comercial se dio "en agosto con nocturnidad, alevosía y "veraniego", cuando el Gobierno de Canarias concedió a Alcampo la Licencia Comercial Específica, la misma licencia que les habían negado cuatro años antes, a pesar de que la circunstancias comerciales de ahora son peores que las de 2003".

"Pero faltaba el segundo episodio, que es la legalización de las obras, cosa que ocurrió el 23 de noviembre de 2009. Esto demuestra que el alcalde ha mentido durante meses, porque se ha cansado de decir que las obras no eran ilegales y que la sentencia no habla de ilegalidades urbanísticas. Si no eran ilegales no habría hecho falta legalizarlas, es evidente. Este decreto tira por tierra su estrategia de engaño", subrayó el concejal socialista.

Por otro lado, "la propia multinacional presentó un escrito al TSJC en el que dice que como ya les han dado la Licencia Comercial Específica y ya tienen legalizadas las obras, pues que ya las sentencias dictadas por el TSJC carecen de ejecutoriedad y virtualmente es un papel mojado", remarcó Matos.

No obstante, el portavoz socialista anunció que "hemos recurrido el decreto ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz".

Igualdad de trato

En otro orden de cosas, Matos llamó la atención sobre la forma de actuar de la Corporación: "Aquí no se actúa de la misma manera, ni la ley es igual, ni el procedimiento administrativo, ni la Gerencia de Urbanismo actúa de la misma forma cuando el afectado es un particular o pequeño empresario o cuando se trata de una multinacional. Es evidente cómo la Administración se ha puesto al servicio de Alcampo".

Incluso, el edil del PSOE recordó lo acontecido en el último pleno extraordinario celebrado en La Laguna, en el que "a un colectivo se le aplica el reglamento a rajatabla y se le impide ejercer un derecho fundamental, cosa que está prohibido constitucionalmente, y sin embargo aquí se coge la ley, se la estruja y se pone la maquinaria administrativa y el dinero público a trabajar para favorecer a la multinacional".