El alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez (PSOE), que ha interpuesto una denuncia judicial, junto a tres vecinos que permanecen en los edificios, por "inseguridad ciudadana", denunció hoy la situación que vive este municipio de 2.000 habitantes y aseguró que ha pedido protección policial después de haber sido amenazado el lunes con una pistola por algunos de los okupas.

Los inquilinos que permanecen en sus casas mantienen que en esos bloques siempre ha habido ocupación ilegal y dicen que, por el momento, no han visto violencia, mientras que el alcalde, José Antonio Rodríguez, sostiene que 24 familias han abandonado sus casas bien por miedo a sus nuevos vecinos o bien por que los han echado con amenazas e intimidación.

La ocupación se ha producido en un edificio de tres bloques -que suman 47 pisos en los que las cerraduras forzadas han sido sustituidas por candados- ubicado junto al Ayuntamiento.

Gracia, madre de dos niños pequeños y que ocupa una casa desde hace varios días, fue la primera en romper el hielo para asegurar que no son gente mala, que nadie ha usado la violencia y que la ocupación se ha hecho de forma pacífica.

Explicó que al enterarse de que había viviendas vacías, fue al Ayuntamiento para preguntar cómo podía hacer para alquilar una. "Me dieron un número de teléfono, llamé y me dijeron que no me alquilaban ni vendían nada", señaló Gracia, que reconoció que ante la negativa se metió a vivir allí de forma ilegal porque, subrayó, "tengo que darle un techo a mis hijos", a lo que añadió que si el juez le ordena que se vaya se irá.

"Queremos pagar un alquiler o cuotas para que el piso sea nuestro", dijo Josefa M., que desde hace 15 días vive en Jun junto a sus tres hijos, de 7, 5 y 1 año, y que lleva tres años intentado que le den un piso de protección oficial.

Proceden de la Cartuja

Los okupas proceden de uno de los barrios más marginales de Granada capital, La Cartuja, y se han hecho los amos de un edificio de tres bloques de viviendas ubicado en las cercanías del Ayuntamiento, donde sólo permanecen un legionario, "con el que nadie se atreve a meterse"; una anciana de 81 años, que no puede irse a ningún otro lugar, y dos familias, apuntó el alcalde.

"Esto nunca había pasado en España", subrayó Rodríguez, que criticó que si esto hubiera ocurrido en otro lugar como Madrid o Barcelona se habría buscado una solución mucho antes.

La Delegación del Gobierno en Andalucía, por su parte, puntualizó que no existen denuncias de los vecinos que han sido desalojados de sus casas bajo amenazas. Una portavoz de la Delegación del Gobierno dijo que las dos denuncias que se están tramitando en los juzgados por este caso son una del propietario de un edificio que está vacío y que ha sido uno de los asaltados por los okupas y otra, del alcalde de Jun y de tres vecinos que continúan viviendo en otro de los dos bloques que ha sido ocupado, por "inseguridad ciudadana".

La fuente explicó que la Guardia Civil se encuentra "continuamente" controlando la zona, pero "no puede desalojar a nadie hasta que el juez le dé permiso", por lo que las Fuerzas de Seguridad están pendientes de una orden judicial para poder intervenir y actualmente se limitan a garantizar la seguridad y evitar altercados.

Al Gobierno, según la portavoz de la Delegación, no le consta a través de ninguna denuncia que haya vecinos que hayan sufrido desalojos forzosos de sus viviendas por parte de okupas, aunque sí tiene confirmados los casos de dos o tres familias que vivían en un inmueble anejo al primero, vacío, que fue ocupado y que decidieron marcharse a casa de unos familiares por miedo y sin interponer denuncias.

Los vecinos están viviendo la situación con indignación e impotencia, "porque muchos, como yo, están pagando una hipoteca a treinta años".