Cada día que Antonia Veredas va a trabajar a su mercería, en la calle Om de Barcelona, ve pasar a los okupas que llevan 16 meses en su piso, situado en la misma vía.
"Estuvimos de vacaciones en Sant Pol entre el 17 y el 23 de julio de 2008. Nos avisaron de que había alguien en nuestra casa y regresamos, pero cuando intenté abrir la puerta, no pude. Avisamos a un cerrajero y a los Mossos, pero nos dijeron que no podían echar a los okupas", recuerda, indignada.
En la denuncia que pusieron ante la Policía aquel día consta que los nuevos inquilinos son María José Olmo y su hija, que ahora tiene cuatro años. Esta mujer afirma que un hombre español, de unos 30 años y llamado Jaime, le enseñó y alquiló el piso. Luego le pidió que le diese 1.500 euros para irse a Ibiza y que a la vuelta ya arreglarían el contrato de alquiler, declaró entonces Olmo a los agentes.
Este matrimonio debe alojarse en la casa de su hija Silvia a la espera de un nuevo juicio, "que podría celebrarse el próximo febrero", calculan. En el segundo juicio, la sentencia ordenaba el desalojo de los okupas, peo 24 horas antes de realizarse les notificaron que se paralizaba porque la familia ocupante "no tiene recursos", explican. "Si yo no tuviese a mis hijos, tendría que pagar el alquiler de mi piso y un hotel para nosotros", razona Antonia.
Además, todas sus pertenencias estaban, quizás aún estén, en el piso okupado. "Nuestra ropa, muebles, libros, fotografías y cosas de valor sentimental. Todo, hasta las cartillas del banco y la documentación, por eso han podido desempadronarnos del piso y empadronarse ellos. Lo único que me queda es esta mercería", se lamenta.
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