El término "nación", el modelo de financiación y varios aspectos relacionados con las competencias de la Generalitat, como su "blindaje" frente a posibles agresiones estatales, serán los principales escollos para que las Cortes aprueben el estatuto de Cataluña presentado hoy en el Congreso.
Benach pidió diálogo y pacto en la tramitación del Estatuto para que el "terreno de juego sea la Constitución", y matizó que el texto "no quiere romper nada y no es ninguna declaración de independencia".
El debate sobre la reforma del Estatuto catalán ha estado marcado desde el inicio por el compromiso adoptado en noviembre de 2003 por el presidente del Gobierno -entonces candidato a serlo- de respetar el texto del Estatuto tal y como se pactase en el Parlamento de Cataluña. Zapatero añadió a ese compromiso dos condiciones: que el texto llegara arropado por un amplio consenso y que se ciñese a los márgenes de la Constitución.
Si la primera parece sobradamente cumplida -el texto ha sido aprobado con 120 votos a favor y 15 en contra- la segunda va a ser la piedra de toque de su tramitación parlamentaria.
El mismo día de su aprobación por el Parlamento de Cataluña, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega recordó esas dos condiciones y afirmó que el respaldo a la propuesta del Parlamento catalán no significa que el texto no pueda retocarse si hay aspectos que pueden ser considerados inconstitucionales.
El propio Pasqual Maragall, aunque convencido de que el proyecto se aprobará en las Cortes, admitió entonces que "habrá que ver en qué condiciones y con qué sacrificios, que intentaremos que sean los mínimos".
Descontado ya el rechazo del PP, la incógnita se centra en conocer la postura del grupo parlamentario socialista ya que varios dirigentes destacados de ese partido han puesto de manifiesto su objeciones en varios aspectos.
Así lo hizo el presidente del partido y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, al afirmar que no está de acuerdo con el proyecto y asegurar qe el Congreso es la "máxima garantía de que todos ls estatutos sern constitucionals en la línea degarantizar la chesión".
Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso -la que debe dictaminar el proyecto-, ha augurado que la negociación será "complicada larga", porque "son muchos artículos losque plantean dificultades de encaje constitucional" y que el Congreso tendrá que "observar y, probableente, modificar".
Para Guerra, los aspectos que pueden provocar un mayor debate son la definición e Cataluña como ación, la financación "que se ecapa de la legislación atual" y tres aspctos de la definición de competncias: la utilización del artículo 150.2 de laConstitución, la propuestas de mdificación de leyes orgánicas y el "blindaje" de las competencias.
Si bien Maragall dijo estar convencido de que s aceptará esa definición en el texto definitivo ministros como José Antonio Alonso o José Bono an recordado que la Consitución reserva el término "nación" para España.
El presidente extremeño, Juan Carlos Roríguez Ibarra, lo rechaza abiertamente y cree que Zapatero "jamás" lo aceptará y califica la reforma de Estatuto de "ofnsiva" para los intereses y la ignidad de Extrmadura y ha pedido que el Gobierno y las Cortes Geneales "se atengan a las condiciones que posibilitaron y permitieon que Extremadura se constituyera en Comunidad Autóoma", y que "nadie puede cambia unilateralmente.
Otro ministro, Juan Fernando López Aguilar, cree que esa es una cuestión "sensible", pero que "no debe preoupar siempre y cuando no perjudique ni la soberanía española, que reside en las Cortes generales, ni a la igualdadde derechos fundamentales".
También el model de financiación que incluye el Estatuto despertó recelos desde sus primeras versiones. La propia Fernández de la Vea reconoció que la propuesta inicial del tripartito no estaba e la línea que pretendía el Gobieno.
Posteriormente, tanto ella como el vicepresidenteeconómico, Pedro Solbes, han insistido una y otra vez en que las modificacionesde la financiación autonómica no debe abordarse bilateralmente sino multilateralmente entre el Estdo y todas las CCAA. Esos serán algunos de los principales aspecos, aunque no todos, los que s abordarán a parir de noviembre en una tramitación parlamentaria que durará meses.
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