El presidente de Dvuelta, Germán Rodríguez, ha explicado que el principal motivo por el que el TSJM anula el decreto dictado por el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón en 2005 es porque "vulnera" la Ley de Tráfico estatal, al establecer un importe fijo para cada tipo de sanción sin tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.

La sanción más elevada

De este modo, por ejemplo, el Ayuntamiento estableció que una infracción grave como aparcar en doble fila, que la Ley de Tráfico multa con entre 90 y 300 euros dependiendo de la situación, sería sancionada siempre con la cuantía más elevada, es decir, 300 euros en todos los casos independientemente de su gravedad.

"Y no es lo mismo aparcar en doble fila bloqueando el paso de una ambulancia que aparcar en doble fila en un barrio a las afueras donde no molestas a nadie", ha indicado Rodríguez.

El Ayuntamiento de Madrid "no entiende de condicionantes en su decreto y directamente multa con la infracción más alta sea cual sea la situación", ha detallado el presidente de esta asociación, quien está convencido de que el objetivo del recién anulado decreto municipal "es meramente recaudatorio".

Como ejemplo de ello, Rodríguez ha dado los datos de cuanto ha recaudado el Ayuntamiento de Madrid en concepto de multas desde que entró en vigor su nueva regulación: de los 95 millones de euros que entraron a las arcas municipales en 2005 por este concepto se ha pasado a los 200 millones en 2008 y a los 270 millones en 2009 (según se prevé en los presupuestos de este año).

711 millones de euros

Según datos de esta asociación, el Ayuntamiento ha multiplicado por 12 su recaudación desde que entró en vigor este decreto el 1 de enero de 2006 y ha ingresado 711 millones de euros en multas de tráfico, por lo que "resultaría hasta gracioso, si no fuese tan sórdido, que el Ayuntamiento diga que incrementa las multas por seguridad".

Los portavoces de Dvuelta han recordado que con la decisión del TSJM, las millones de multa que se encuentran en trámite pueden ser recurridas ya con un fundamento jurídico de primer orden: "la anulación del decreto municipal".

Quien haya pagado sus multas y no las haya recurrido no tendrán posibilidad de recuperar el dinero "injustamente cobrado", ha concluido esta asociación.